Nuevos enfrentamientos en regiones del norte y sur de Perú se produjeron en medio de las manifestaciones en contra del gobierno, que no dan tregua pese a los 45 muertos que dejan desde su inicio en diciembre, mientras que unos 300 turistas quedaron varados en Machu Picchu.
Las protestas llevaron al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país- hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para el control del orden público y frenar los actos de vandalismo.
Los últimos choques se concentraron en las regiones La Libertad (norte) y Arequipa (sur), con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves.
Los disturbios se han cobrado 54 vidas desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción. Fue reemplazado por Boluarte, quien fungía como vicepresidenta, pero es vista como “traidora” por los manifestantes.
En Cusco, el servicio ferroviario a la ciudadela inca Machu Picchu, seguía sin reanudarse en el contexto de las protestas, mientras que el aeropuerto de Cusco reinició sus operaciones.
“La lucha continúa”
En Lima, adónde las protestas se extendieron con marchas con miles de personas venidas de las zonas andinas, no exentas de enfrentamientos que dejaron 38 heridos entre policías y civiles, según el ministerio de Interior. Los organizadores aseguran que las movilizaciones no cesarán hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte.
“La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente”, declaró el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.
Boluarte volvió a llamar a la calma, en un mensaje emitido por la televisión estatal. “A las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, les digo y también a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo”, dijo.
Pero sus palabras caen en saco roto. “Este gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara, por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta”, dijo Ricardo Mamani, de 47 años, que participó de las marchas en Lima. “Hemos viajado por 42 horas desde la región Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora (Boluarte) dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz”, añadió.
Mamani, quien vestía de negro en señal de luto por los muertos en las manifestaciones, instó a organizaciones de derechos humanos internacionales a intervenir. “No sentimos la presencia del derecho internacional. No hay quien nos defienda”, clamó, indignado.
La crisis refleja asimismo la inmensa brecha entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
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