Boris Johnson regresará a Londres, después de un breve descanso por Semana Santa en la residencia campestre de Chequers, para comprobar que, como en el cuento de Monterroso, el dinosaurio del partygate no ha desaparecido.
Hoy, cuando el Parlamento británico reanude sus sesiones -este lunes es festivo en todo el Reino Unido-, el primer ministro acudirá a Westminster para intentar convencer a diputados y ciudadanos de que está arrepentido de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento; volverá a pedir disculpas; insistirá en que nunca fue consciente de estar incumpliendo la ley y, finalmente, pedirá a unos y otros que estén a la altura de las circunstancias y se concentren en la gran crisis internacional que ha supuesto la invasión rusa de Ucrania.
Johnson ha recuperado su anhelado perfil de estadista con una actuación internacional que ha sido reconocida en toda su valía por la oposición laborista y los medios más críticos. Pero la decisión de la Policía Metropolitana, la semana pasada, de imponer finalmente una multa tanto al primer ministro como a su ministro de Economía, Rishi Sunak, por atender uno de los eventos ilegales, ha vuelto a situar sobre la mesa el debate no resuelto de aquel escándalo: si Johnson, al contrario de lo que negó sin cesar, mintió al Parlamento y se saltó las leyes que él mismo había impuesto a la ciudadanía.
Laboristas, nacionalistas escoceses y liberal-demócratas se han puesto de acuerdo para exigir esta semana explicaciones al primer ministro británico y obligar a los conservadores a retractarse.
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