El informe independiente de esclarecimiento apoyado por el Sistema de Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020, cuando se desataron unas protestas ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, fue una masacre policial. “La policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha. Su actuación causó una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”, dijo Carlos Negret, exdefensor del pueblo y coordinador de la investigación.
La investigación -solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López- determinó que la masacre ocurrió debido a la “ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes”. Es decir, que faltó un mayor liderazgo “político y operativo” tanto del Gobierno de Iván Duque como el de López para evitar que ocurriera. La alcaldesa se refirió al informe como “doloroso hasta el alma”.
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