La Corte Suprema anunció este viernes que considerará los argumentos legales sobre la ley de aborto de Texas, que es la más restrictiva del país, el 1 de noviembre, y que la ley seguirá en vigor. Sin embargo, se negó a bloquear la norma mientras tanto.
El tribunal concedió una revisión acelerada de la ley, que la administración de Joe Biden en una presentación el viernes dijo “ha eliminado prácticamente el aborto en Texas después de seis semanas de embarazo”.
El tribunal revisará la singular política de aplicación de la ley, que autoriza a los ciudadanos individuales a demandar a cualquiera que ayude a una mujer a abortar después de que se observe actividad cardíaca en el embrión, normalmente unas seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres siquiera sepan que están encinta. No hace excepciones por violación o incesto.
El Gobierno de Joe Biden y las clínicas de aborto habían pedido al alto tribunal que revocara la ley de marras.
El Departamento de Justicia y las otras partes involucradas en el caso tuvieron hasta el 27 de octubre para presentar los resúmenes de los alegatos que pronunciarán el 1 de noviembre.
El Gobierno y las clínicas de aborto afirman que la ley de Texas viola el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973, que consagró el derecho de la mujer al aborto.
El mes pasado, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, invocó razones procesales y decidió por 5-4 no intervenir en el bloqueo de esa ley de Texas.
El Supremo está compuesto por nueve jueces, tres progresistas y seis de tendencia conservadora, por lo que Biden, del Partido Demócrata, se enfrenta a una situación complicada.
La propia Corte Suprema permitió que la ley entrara en vigor en septiembre porque no se pronunció sobre una solicitud urgente para bloquearla, que habían presentado clínicas de Texas.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringe la prohibición y ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación —cuando se puede detectar el latido del corazón del feto— ha entrado en vigor en Estados Unidos.
Adolescentes
Veronika Granado estaba nerviosa, parada ante un juez, sabiendo que si decía algo equivocado las cosas podrían acabar mal para ella, pero la joven de 17 años no había cometido ningún delito ni había presentado una demanda. Granado fue a un tribunal en Texas para pedir permiso para hacerse un aborto. Él le dijo que su religión se oponía al aborto, pero que tenía que ser imparcial como juez. Accedió a su pedido. Una semana y media más tarde, Granado tuvo el aborto.
Ella era una de las miles de adolescentes agobiadas por los obstáculos que existen en Estados Unidos para hacerse un aborto legalmente, especialmente si son de minorías o viven en estados donde el acceso al aborto era severamente limitado. Treinta y ocho estados requieren alguna forma de consentimiento de los padres para que cualquier mujer menor de 18 años se practique un aborto. De esos, casi todos, incluso Texas, ofrecen una alternativa: pedirle a un juez su autorización para evitarse tener el permiso de los padres.
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