Polonia redobla su pulso a la Unión Europea. En plena tensión con el club comunitario, después de que el Constitucional declarara que varios artículos de los tratados de la Unión son incompatibles con la Ley Fundamental del país, el Parlamento ha aprobado una enmienda sobre inmigración que choca con el derecho europeo e internacional. La nueva norma permite a los agentes fronterizos rechazar las solicitudes de asilo sin ningún examen previo, decisión que contraviene las Convenciones de Ginebra, de las que todos los Estados miembros son parte, y las expulsiones en caliente en la frontera a los inmigrantes que cruzan irregularmente.
La Cámara baja de Polonia ha dado, además, luz verde este jueves a un plan del Gobierno que prevé gastar 1600 millones de zlotys (el equivalente a algo más de 350 millones de euros) en la construcción de un muro en la frontera con Bielorrusia en un intento por detener el flujo de migrantes que intentan cruzar. Los diputados del Sejm (Parlamento), donde el partido gobernante Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco) tiene una escasa mayoría, votaron a favor del proyecto, que pasa ahora a manos del Senado, dominado por la oposición.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Oriente Medio, han intentado entrar en la Unión Europea a través de las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania en los últimos meses. En un reciente informe, la Comisión Europea alertaba de que el régimen de Aleksandr Lukashenko promovía “el tráfico ilícito de migrantes hacia la UE”.
Según la enmienda aprobada el jueves, un extranjero detenido en la frontera polaca tras haber accedido de manera irregular, estará obligado a abandonar el país y se le prohibirá la entrada durante un periodo de tiempo que oscila entre los seis meses y los tres años.
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