La Justicia chilena aceptó ayer la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera debido a la publicación de los Pandora Papers sobre negocios en paraísos fiscales que lo involucra, mientras se debate la posibilidad de que sea sometido a un juicio político a solo meses de las elecciones y del fin de su mandato.
La noticia representó un nuevo cimbronazo para el mandatario, que se defendió en un breve mensaje a la Nación: “No compartimos la decisión anunciada hoy por la fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Pero tengo la plena confianza en que la Justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia”.
Por segunda vez en menos de cuatro días, y a tan solo tres horas de que el Gobierno emitiera un comunicado en el que rechazaba la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación de oficio, que se suma a la del juzgado, Piñera convocó a la prensa al Palacio de la Moneda para hablar de las denuncias contra él, destapadas por la investigación periodística conocida como Pandora Papers.
El mandatario está acusado de participar en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, lo que supondría un conflicto de intereses, que Piñera, no obstante, descartó. La primera noticia que sacudió ayer al mandatario no surgió de la Fiscalía, sino de un juzgado de primera instancia.
“El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera”, informó en un comunicado el Poder Judicial de Chile.
Luis Mariano Rendón, un abogado y activista ecológico, interpuso formalmente una querella en la que lo acusa del delito de “negociación incompatible” ya que “el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora”. “Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias”, afirmó Rendón en una conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Sputnik.
Poco después, se conoció que la Fiscalía también abría una investigación penal en su contra por la venta de la minera Dominga, por parte de una empresa de sus hijos, operación por la que apareció en los Pandora Papers.
“El fiscal nacional Jorge Abbott, con fecha de hoy 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los ‘Pandora Papers’ y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera”, informó la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Herrera indicó que “el fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido que en su momento los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”.
La pena por cohecho conlleva cinco años de prisión, precisó Herrera, quien agregó que dada “la gravedad de los hechos investigados”, la causa estará a cargo de una fiscal regional, en vez de uno local. Abbott designó a Claudia Perivancich, de la región de Valparaíso.
El Gobierno entonces rechazó la decisión de la Fiscalía y en un comunicado sostenía que era “difícil de comprender”.
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