Polonia dio ayer un paso de gigante hacia un choque frontal con el resto de socios de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional, en un veredicto demoledor y de consecuencias impredecibles, dictaminó que varios artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en su país, una decisión que equivale a una declaración de guerra jurídica contra uno de los pilares fundamentales de la UE: la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.
La rebelión del máximo intérprete de la Constitución polaco llega en un momento de tensión extrema entre Bruselas y Varsovia, con fuego cruzado cada vez de mayor calibre a cuenta del Estado de derecho en el socio del Este. Y guerras abiertas en distintos frentes, que van de la independencia judicial al respeto del colectivo LGBT+.
El fallo coloca a Polonia al borde de la ruptura legal con el bloque comunitario, ya que dinamita uno de los principales fundamentos en los que se apoya la arquitectura jurídica de la UE y del que dependen en gran medida desde el buen funcionamiento del mercado interior a la cooperación judicial transfronteriza o la integridad de la normativa comunitaria en todo el territorio de los 27 Estados miembros.
La resolución, que se había pospuesto hasta cuatro veces, da respuesta a una pregunta planteada en marzo pasado al Constitucional por parte del Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), quien defendía la misma tesis que al final ha sostenido el alto tribunal: que el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo. El primer ministro polaco solicitó a la máxima autoridad judicial de su país que se pronunciara sobre la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional polaco y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.
“La sentencia del Tribunal Constitucional tiene en cuenta en gran medida la moción del primer ministro”, reaccionó enseguida el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, a través de redes sociales. “La primacía del derecho constitucional sobre otras fuentes del derecho se deriva literalmente de la Constitución de la República de Polonia. Hoy (una vez más) esto ha sido claramente confirmado por el Tribunal Constitucional”.
El tribunal, formado por 12 miembros, tomó la decisión por mayoría, con dos votos discrepantes. El centro de gravedad del fallo sostiene que la UE no tiene competencia para evaluar la justicia polaca ni su funcionamiento, protegiendo así las reformas del poder judicial aprobadas por el PiS y cuestionadas por Bruselas, y dando alas —y una coartada jurídica— a las autoridades para no cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. El partido del Gobierno asegura que las reformas buscan la modernización de un poder judicial con vestigios del sistema comunista; mientras que Bruselas ve en ellas una excusa para minar la independencia judicial, otro de los principios básicos del Estado de derecho.
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