Italia es ya el primer país del mundo occidental que obligará a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ámbito público. En realidad, los empleados deberán tener en regla su certificado verde, que básicamente acredita la inmunización a través de la vacuna o la realización en los últimos dos días de una prueba con resultado negativo.
El salvoconducto será a partir del 15 de octubre obligatorio para todos los trabajadores, un sector que abarca a 23 millones de personas. Da igual si son autónomos, si se trata de servicios a domicilio como el fontanero o las cuidadoras, si trabajan en multinacionales o son funcionarios de la Administración. Solo los autónomos que trabajan en su domicilio han quedado eximidos.
En el caso de los empleados, el trabajador será enviado a su casa si no tiene el certificado. Si no lo presentase en un plazo de cinco días, se le suspenderá de sueldo y podrá ser multado con hasta 1000 euros. La posibilidad de despedirlo, que también estaba sobre la mesa, ha quedado descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores quienes deberán organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo. Si no lo hicieran, también se expondrán a las mismas sanciones. “Esto es algo que no se ha visto en ningún lugar de Europa”, lanzó el ministro de Administraciones Públicas en una rueda de prensa en la que también participaron los responsables de Justicia, Sanidad y Asuntos Regionales.
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