Lima
El próximo presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá lidiar no solo con la pandemia y la inestabilidad política, sino también con una severa crisis económica, por lo que será clave que gane la confianza de los mercados. El 28 de julio, día del bicentenario de la independencia de Perú, este maestro rural de tendencia izquierdista tomará las riendas de un país cuya economía se hundió 11,12 por ciento en 2020 por la pandemia y perdió dos millones de empleos.
Apenas Castillo se perfiló como ganador, al día siguiente del ballotage del 6 de junio, los mercados se agitaron por temor a un brusco viraje tras tres décadas de políticas económicas liberales.
Así, su principal reto en el plano económico, a juicio de analistas y firmas consultoras de riesgo, es la credibilidad que consiga ante los inversionistas peruanos y extranjeros. “Hay que dar claras señales de que el manejo objetivo de la economía será profesional, que se convocará a técnicos sólidos”, afirmó el economista Hugo Ñopo, investigador del Grade (Grupo de Análisis para el Desarrollo).
“Frenar el dólar”
La consultora de riesgo Eurasia, en un reciente informe para sus clientes, advirtió que “la administración de Castillo probablemente seguirá una trayectoria de izquierda incluso si se modera de alguna forma al principio. Sin embargo, es probable que la política económica sea errática y podría radicalizarse a medida que avance su período presidencial” que va de 2021 a 2026. Ñopo apuntó que hay expectativas negativas en el sector privado y debe observarse la capacidad de Castillo para imponer su programa ante un Congreso fragmentado, donde su partido Perú Libre tiene solo 37 de las 130 bancas.
“Una de las urgencias es prestar atención a las expectativas y calmarlas para que el dólar no siga subiendo, para que los precios no se muevan al alza y para que los capitales privados no salgan del país”, aseveró el economista. El dólar roza desde hace un mes y medio los cuatro soles, frente a 3,62 de diciembre pasado, mientras la Bolsa de Valores de Lima se hundió 7,7 por ciento al día siguiente del ballotage.
La incertidumbre persistió por la demora de seis semanas del jurado electoral en proclamar al presidente electo, lo que recién hizo el lunes.
Buscando calmar temores, el 26 de junio Castillo anunció su intención de mantener como presidente del Banco Central a Julio Velarde, quien lleva 15 años en el puesto y es reconocido por su manejo prudente de la política monetaria. “Es necesario dar tranquilidad no solo económica sino abrir las puertas para las grandes inversiones”, dijo entonces Castillo.
La gobernabilidad es otro reto, tras una polarizada campaña electoral y un quinquenio marcado por convulsiones políticas, que condujeron al país andino a tener tres presidentes en noviembre de 2020.
Los mercados pensaban que la derechista Keiko Fujimori ganaría, por lo que las alarmas se encendieron tras la votación. “Las amenazas para la estabilidad política y social serán significativas, con los consecuentes riesgos de protestas y esfuerzos para destituir (desde el Congreso) a Castillo”, estimó Eurasia. Ñopo advirtió que “hay que ver cuántas [promesas electorales] pueden cumplirse”.
Por otro lado, según la consultora, puede haber enfrentamientos de Castillo con “sectores clave de la población, políticos y líderes empresariales”, que temen un giro radical al socialismo semejante a Venezuela. El equipo de Castillo ha buscado calmar estos temores y su principal asesor económico, Pedro Francke, destacó que el programa no tiene “nada que ver con la propuesta de Venezuela”.
“No haremos expropiaciones, ni estatizaciones, ni controles de precios generalizados, ni un control de cambios”, dijo Francke el 11 de junio.
Para Eurasia es difícil que se materialice una agenda de reformas radicales, dadas las “restricciones institucionales” existentes, incluida la falta de mayoría legislativa. No obstante, la firma sostuvo que la política económica será muy diferente a la de las últimas décadas.
El futuro de Keiko
En este marco, el futuro de la derrotada Keiko Fujimori se tornó gris. Al desvanecerse la posibilidad de ser la primera presidenta de Perú (lo que le habría dado inmunidad), se cierne sobre ella amenazante la sombra de un juicio en un caso vinculado al escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, por el cual la fiscalía busca condenarla a 30 años y 10 meses de prisión
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