Roma
El Tribunal Supremo de Italia confirmó la cadena perpetua a 14 militares y represores de Chile y Uruguay por la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, la represión en Latinoamérica entre 1970 y 1980, aunque el juicio no se ha cerrado del todo.
La Alta Corte, siguiendo la petición de la Fiscalía, revalidó la sentencia de julio de 2019 del Tribunal de Apelación de Roma, en segundo grado, contra 24 represores, aunque la lista de imputados ha disminuido tras la muerte de varios de ellos.
Entre los condenados está el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 74 años, el único que se personó en el juicio debido a que vive en Italia tras escapar de la justicia de su país en 2007. Ayer no fue a la audiencia.
El Supremo, llamado a poner punto y final a este proceso que lleva más de veinte años, se había tomado el jueves un día más antes de pronunciarse sobre este juicio de alto valor simbólico, pues las condenas son en contumacia, sin personarse.
Los imputados ascienden a veinte, aunque se constató la muerte de tres acusados y se pidió esclarecer la situación de otros tres, peruanos: el expresidente Francisco Morales Bermúdez y los militares Germán Ruiz Figueroa y Martín Martínez Garay.
Por esa razón, las sentencias de ayer solo afectan a 11 uruguayos y 3 chilenos, todos ellos -menos Troccoli- “in absentia”.
UN INESPERADO PUNTO Y APARTE
El caso de los tres imputados peruanos será estudiado en otro proceso ante el Supremo italiano, por lo que este esperado veredicto no es el punto y final que todos esperaban.
Todos están condenados o imputados por la desaparición de una veintena de italo-latinoamericanos, activistas de izquierdas y disidentes, en el Plan Cóndor, la represión coordinada entre las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Los tres chilenos condenados son Pedro Espinoza, miembro de la policía secreta de Pinochet, el militar Daniel Aguirre Mora y el que fuera funcionario de la Policía de Investigaciones Carlos Luco Astroz. También estaba el exintendente Hernán Ramírez, pero ya murió.
Los uruguayos son Troccoli, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco.
Los exmilitares Luis Alfredo Maurente Mata y José Horacio “Nino” Gavazzo también han muerto.
Lo mismo ha ocurrido con otros dos imputados bolivianos, el expresidente Luis García Meza Tejada y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.
Hace una semana se supo que Italia había ratificado la cadena perpetua a tres exmilitares chilenos que no habían presentado un recurso. Son el coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan.
VEINTE AÑOS BUSCANDO JUSTICIA
La idea de procesar a los represores latinoamericanos en Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo empezó entonces a recabar los testimonios de parientes de ciudadanos italianos asesinados en aquellos convulsos años en el Sudamérica y abrió una investigación que ha derivado en este enrevesado proceso en Roma.
En un primer momento los imputados ascendían a 146, si bien la muerte de muchos de ellos, ya ancianos, y la negativa de Argentina de procesar a los de ese país, acabó diezmando la lista.
No obstante, el juicio siguió adelante y la primera sentencia llegó en 2017, en primer grado: 8 cadenas perpetuas y 19 absoluciones, un veredicto considerado insuficiente por los familiares, que dos años después lograron que en Apelación las cadenas perpetuas aumentaran a veinticuatro.
SATISFACCIÓN
La sentencia satisface a Cristina Mihura, viuda del militante uruguayo de izquierdas Bernardo Arnone, desaparecido en 1976. Ella denuncia este caso desde 1982 pero, aunque ha logrado sentencias en Argentina, Uruguay e Italia, aún no ha hallado sus restos.
“Está todo, salió bien, y no era seguro, yo estaba muy preocupada”, confiesa con cierto alivio, instantes después de la sentencia.
Sus años de lucha por la verdad han sido por “él”, por Bernardo, quien salió de casa el 1 de octubre de 1976 en Buenos Aires y nunca regresó, pero también por el resto de familiares.
“Yo me doy por jubilada, estoy cansada”, reconoce, aunque asegura que no cejará en su empeño de encontrar su cadáver.
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