La retención de papel por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega aceleró el cierre de la versión impresa de los periódicos en Nicaragua, país que está inmerso en una crisis social, política y económica que, además de cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, ha dejado una reducción significativa de anunciantes.
El bloqueo aduanero que mantiene el Estado nicaragüense desde hace 18 meses del papel, tinta y otros materiales al Grupo Editorial La Prensa, que publica el diario La Prensa y Hoy, y a la empresa ND Medios, obligó al cierre de El Nuevo Diario, el segundo periódico de importancia en el país centroamericano.
El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, así como el rotativo Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de ND Medios, del grupo financiero nicaragüense Promerica, dejaron de circular a fines de septiembre pasado a causa de las presiones económicas del gobierno de Ortega. La retención de papel también hizo desaparecer de las calles al diario popular Q’Hubo, que también pertenecía a ND Medios, desde diciembre de 2018.
En tanto, el diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, anunció en octubre el cierre de su edición impresa del suplemento satírico semanal “El Azote”, tras casi 25 años de publicación dominical, debido a que el gobierno sandinista mantiene retenido su papel.
Y ahora, en un artículo editorial de la semana pasada, este matutino fundado en 1926 avisa que Nicaragua está a punto de quedarse sin diarios impresos y denuncia al gobierno de Ortega y de su esposa -y vicepresidenta- Rosario Murillo, de impedir “arbitrariamente” su acceso al papel que importa para su elaboración.
“Son bobinas de papel periódico que están retenidas en Aduana por una sencilla razón: sirven para hacer este diario. Si fuese papel para empacar o para imprimir un diario oficialista no habría tal secuestro porque no hay ni una sola razón legal para ese abuso”, asegura la nota firmada por Fabián Medina, editor del periódico nicaragüense.
La Aduana empezó a bloquear las materias primas desde septiembre de 2018, cinco meses después de que estallara la crisis, y “sin ninguna justificación legal o administrativa” según resaltan los editores.
CRISIS EN EL PAÍS CENTROAMERICANO
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