La Corte Suprema respaldó las restricciones de Trump al asilo

La Administración de Donald Trump podrá aplicar una nueva normativa que restringe las condiciones de solicitud de asilo, hasta hacerlas casi imposibles para muchos centroamericanos, mientras los recursos contra estas políticas se resuelven en los tribunales.
El Tribunal Supremo ha tomado la decisión ayer, dejando en suspenso la decisión previa del juez de California Jon Tigar, que había bloqueado la orden en todo el país. La directriz, anunciada el 15 de julio, deniega el asilo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos sin haber solicitado allí el refugio previamente, lo que implica que todos los centroamericanos deben hacerlo en México.
Con la única excepción de aquellos que han sido objeto de tráfico de personas o recibido el rechazo a su solicitud en otro país, la nueva política significa para miles de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, el cierre de la puerta estadounidense.
Hondureños y salvadoreños tendrían que pedir el asilo en Guatemala y México; y los guatemaltecos, a su vez, en México. La medida se añade a otras que buscan reducir la entrada de migración legal e ilegal en Estados Unidos.
La decisión salió adelante en el Supremo, formado por nueve miembros, con la opinión discrepante de dos: las juezas progresistas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor. 
“Una vez más, el Ejecutivo emite una orden que pretende anular prácticas de muchos años con respecto a los refugiados que buscan refugiarse de la persecución”, criticó Sotomayor. Para Trump, resultó un triunfo: “¡Gran victoria en el Tribunal Supremo sobre el asilo y la frontera!”.
“No es el tipo de restricciones que aplicaríamos en México”, dijo ayer en conferencia de prensa el canciller, Marcelo Ebrard, al tiempo que calificó la resolución como una “medida sin precedentes”, aunque recalcó que respetaba el fallo como un asunto de política interior.
Ebrard se mostró cauto y dijo que el país aún debía analizar el impacto de la resolución. “Tenemos una política muy distinta a esa y no la vamos a cambiar”, insistió el canciller.
Se trata del segundo gran respaldo que la Administración de Trump recibe del Supremo en batallas migratorias en pocos meses. El pasado julio, la más alta instancia judicial también apoyó el uso de fondos del Departamento de Defensa para construir parte del polémico muro con México, un desvío de recursos que El presidente Trump había logrado gracias a su declaración de emergencia nacional en la frontera, asunto también discutido en los tribunales.
En unos meses, además, se pronunciará sobre otro frente muy delicado: si el Gobierno puede o no abolir el programa Daca, que protege de la deportación a cientos de miles de personas, conocidas como dreamers o soñadores, que fueron traídos al país de forma irregular cuando eran menores de edad y han crecido en Estados Unidos en un limbo administrativo.