El Alto Tribunal de Apelación de Escocia declaró ayer “ilegal” la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de octubre.
Con esta decisión, los tres magistrados de la corte de Apelación de mayor rango de Escocia revierten la decisión inicial tomada el 7 de septiembre por el juez Raymond Doherty, quien había considerado que la medida del premier estaba “ajustada a la ley”. Para los jueces, ordenar el fin del período de sesiones en Westminster es ilegal “porque tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento”.
La sentencia de primera instancia consideraba a la maniobra de suspender el Parlamento como “una decisión política” y sugería que -como solución- el propio Parlamento usara los cauces políticos para defenderse.
El gabinete de Johnson se mostró “decepcionado” con la decisión y señaló que suspender el Parlamento “es la forma legal y necesaria” para poder “presentar una agenda legislativa nacional sólida”.
Si bien el fallo constituye un duro golpe al premier, el proceso judicial no concluye aún y el gobierno británico ya anunció que apelará la decisión. Además, no afectará de inmediato la suspensión actual del Parlamento.
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