El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018 en una celda policial en la ciudad de Curitiba, será trasladado a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, en el interior del estado de Sao Paulo, según determinó hoy la justicia de ejecución penal.
La decisión se conoce en medio del escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la Operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
Lula será enviado a la cárcel de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, un presidio común con homicidas famosos en la crónica policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus aliados sobre la legalidad de su detención.
La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro.
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla. Al momento de la detención, el ex presidente lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios que finalmente ganó Jair Bolsonaro.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.
Recientes filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.
Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.
La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.
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