Motín en Brasil: una guerra entre bandas dejó 52 muertos, 16 de ellos decapitados

En medio de la brutal guerra que libran los dos principales grupos criminales de Brasil por el dominio del tráfico de drogas y armas en el país, al menos 52 presos murieron ayer en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el norteño estado de Pará, luego de que miembros de una banda invadieron el pabellón que alojaba a internos de una facción rival, decapitaron a varios y prendieron fuego las instalaciones.
La masacre comenzó a las 7 de la mañana, cuando las celdas fueron destrabadas para servir el desayuno a los reclusos de este presidio ubicado en las afueras de Altamira, unos 800 kilómetros al sureste de Belén, la capital estatal, al sur del río Amazonas. Armados de facones, integrantes del Comando Classe A (CCA), un aliado regional del poderoso Primeiro Comando da Capital (PCC) -la mayor organización criminal brasileña, con sede en San Pablo-, se amotinaron, tomaron de rehenes a dos agentes penitenciarios, e ingresaron por la fuerza al anexo donde se hallaban detenidos presos del Comando Vermelho (CV), el segundo mayor grupo criminal del país, originario de Río de Janeiro.
Los atacantes cortaron las cabezas de al menos 16 de sus adversarios, grabaron videos de sus acciones con celulares que tenían escondidos y las enviaron a sus socios del PCC. Incendiaron colchones y volvieron a cerrar los portones del pabellón para asfixiarlos o quemarlos vivos.
“Encontramos cuerpos decapitados y otros muertos por asfixia. No sacamos a todos porque el lugar aún está caliente. Es una unidad antigua, en formato de containers”, informó Jarbas Vasconcelos, secretario de la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (Susipe).
El Grupo Táctico Operacional de la Policía Militar estatal fue accionado para poner fin a la rebelión, mientras efectivos de la Policía Civil y personal del Ministerio Público en Altamira participaban de la negociación para liberar a los rehenes. Tras cinco horas de horror, poco después del mediodía los dos agentes penitenciarios fueron puestos en libertad y los amotinados depusieron sus armas.
“Fue un ataque localizado y dirigido a exterminar integrantes de la banda rival. Fue una lucha entre facciones”, resaltó el secretario Vasconcelos, quien aclaró que los detenidos que iniciaron la insurrección no habían planteado ninguna exigencia.
Según las autoridades, los servicios de inteligencia no tenían indicios de que se estuviera planeando una acción de esta magnitud. 
Se trató de la mayor masacre carcelaria en lo que va del año, luego de que el 27 de mayo 55 presos murieron también en medio de peleas entre facciones en una cárcel de Manaos, capital del estado de Amazonas, vecino al de Pará.