La Embajada venezolana en Washington amaneció con pancartas colgadas en su fachada: “No a la guerra por el petróleo”, “Guaidó no es bienvenido aquí”, “paren el golpe”. La puerta delantera estaba bloqueada, pero los vidrios permitían ver una serie de cuadros de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez colocados expresamente para que se pudieran observar desde la calle. El grupo de activistas que ha llevado a cabo esta ocupación -desde hace dos semanas- en forma de protesta espera que las fuerzas de seguridad los expulsen en cualquier momento. “Si no nos desalojan hoy será una victoria. Los mayores han dicho que se van a resistir hasta el final”, cuenta Madea Benjamin, directora del movimiento pacifista Code Pink, sentada en uno de los sofás del edificio con vistas al río Potomac. Elliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, advirtió que los activistas “tienen que irse”. “No vamos a permitir esta violación de la ley”, agregó el hombre fuerte de la administración Trump para todo lo que tiene que ver con el país sudamericano.
El 19 de marzo, el día que el equipo de Juan Guaidó en EE. UU. tomó el control de tres sedes diplomáticas, Benjamin llamó a la Embajada.
La activista le pidió permiso al personal diplomático de Maduro para que pudieran alojarse en la delegación. Sin éxito. Casi un mes después -a principios de abril, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela en el organismo- los funcionarios afines a Maduro acabaron por darle luz verde a la líder de Code Pink.
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