El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó ayer a Brasil a permitir que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva haga campaña desde la cárcel y mantenga su candidatura para las elecciones de octubre.
El Comité, con sede en Ginebra, pidió que Brasil “tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras esté en prisión sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018”.
Pese a la recomendación, un tribunal electoral impidió a Lula participar del segundo debate de las campañas presidencial que tuvo lugar el viernes.
El organismo consideró además que Lula no puede ser excluido como candidato “hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos”.
No vinculante
La cancillería brasileña respondió poco después que “las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto vinculante jurídicamente”, comprometiéndose a “encaminar al Poder Judicial” las decisiones adoptadas por el organismo formado por expertos.
Por su parte, la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que “todos los poderes” de Brasil tienen que acatar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre dar garantías a la candidatura del ex presidente, pese al carácter no vinculante del órgano, según indicó el Gobierno.
“Brasil tiene que respetar esa decisión porque tiene efectos vinculantes sobre todos los poderes y órganos de Brasil”, aseveró el abogado Cristiano Zanin Martins en una rueda de prensa en San Pablo.
El ex presidente Lula, favorito para los comicios de octubre, purga desde abril en Curitiba una sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) inscribió su candidatura el miércoles, aunque esta debería ser invalidada en función de la Ley de Ficha Limpia, que determina que un condenado en segunda instancia, como es su caso, no está habilitado para presentarse a cargos electivos.
La fiscal general de la República, Raquel Dodge, presentó ese mismo día el pedido de invalidación de la candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que debe analizarlo en los próximos días. Dodge también pidió acelerar el trámite, dada la proximidad de los comicios del 7 de octubre (con una eventual segunda vuelta el 28).
Las posiciones
El comité de la ONU supervisa violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la aplicación de un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Brasil ha ratificado ambos textos.
El ministerio de Relaciones Exteriores, en su comunicado, destacó que Brasil “cumple fielmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos” y que sus principios “son también principios constitucionales brasileños, aplicados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial”. La Fiscalía General de la República (PGR) indicó que “por el momento, no se manifestará”.
La heredera política y ex presidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso, expresó su satisfacción por la decisión. “Lula es inocente, Lula es candidato a la Presidencia de la República”, afirmó en su cuenta de la red Twitter.
COMENTARIOS