El Tribunal Supremo avaló el veto migratorio de Trump

Tras una batalla legal de más de un año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió la victoria al presidente del país, Donald Trump, este martes cuando respaldó su polémico veto migratorio, pese a las alegaciones de que apuntaba especialmente a países con mayoría musulmana.
El alto tribunal falló cinco votos a favor y cuatro en contra (la corte tiene mayoría conservadora de cinco magistrados) sobre la tercera prohibición de viaje promulgada por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen e impone restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte desde el pasado septiembre.
El presidente estadounidense consideró que la decisión era una “una victoria tremenda” para “el pueblo estadounidense y la Constitución”, y un revés a la “histeria” de los medios y la oposición demócrata, según un comunicado. En Twitter se limitó a dar la noticia, seguida de un “¡Wow!”.
En la sentencia, redactada por el juez John Roberts, se considera que Trump ejerció “legalmente” su poder para “suspender la entrada” de extranjeros al país.
El tribunal sostuvo que los impugnadores no habían demostrado que la prohibición viola la ley de inmigración de los Estados Unidos o la prohibición de la Primera Enmienda de la Constitución del país de que el gobierno favorezca una religión sobre otra.
El fallo confirmó la amplia discreción presidencial sobre quién puede ingresar a los Estados Unidos. Significa que la prohibición actual puede permanecer vigente y que Trump podría agregar más países. Trump argumenta que el veto es necesario para proteger al país de los ataques perpetrados por militantes islámicos.
Antes, el presidente estadounidense había impulsado otras dos prohibiciones de viaje. La primera había sido aprobada en enero de 2017, justo después de su toma de posesión, y abarcaba a siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y el Yemen) durante 90 días y suspendía el programa de admisión de refugiados por 120 días, con excepciones de minorías religiosas.
Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron retenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, lo que generó un amplio caos en esas instalaciones en todo el país.
Dicha orden fue bloqueada por tribunales federales y el Ejecutivo preparó una segunda versión, tramitada en marzo de ese año, que eliminaba de la lista a Irak y suprimía las excepciones recogidas en el programa de admisión de refugiados, pero las cortes nacionales se opusieron de nuevo e impidieron su puesta en marcha.
Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo que permitió al Gobierno restringir el ingreso de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.