Por unanimidad, el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, negó los últimos recursos interpuestos por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva ante esa corte de apelaciones para intentar alterar la condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción, que el ex presidente comenzó a cumplir a principios de este mes en Curitiba.
Los llamados “embargos de los embargos de declaración” no tenían capacidad de revertir la pena impuesta a Lula y sólo servían para esclarecer aspectos del fallo. Con la decisión de los tres jueces del TRF-4 de negar estos recursos se da por terminada toda la tramitación del caso en segunda instancia y ahora los abogados del ex mandatario podrían apelar la condena a las instancias superiores: ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), si se alega que en el proceso de transgredieron leyes federales, y ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en caso de que consideren que se violaron garantías constitucionales.
El año pasado, como consecuencia de las investigaciones de la operación Lava Jato, el juez federal Sergio Moro, de Curitiba, halló a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por haber recibido un departamento tríplex en Guarujá de la constructora OAS a cambio de garantizar a la empresa contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El ex presidente apeló la sentencia, pero a fines de enero el TRF-4 confirmó la condena. Desde entonces, los abogados de Lula presentaron pedidos de habeas corpus ante el STJ y el STF para evitar que el ex mandatario fuera detenido y se le permitiera apelar en libertad la condena ante las instancias superiores. Cuando finalmente el 5 de abril el juez Moro firmó la orden de arresto de Lula, la defensa del ex presidente y la dirigencia del Partido de los Trabajadores (PT) se quejaron vehementemente de que no podía ser detenido hasta que no fueran juzgados los “embargos de los embargos” en la corte de apelaciones.
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