Trump apoya restringir la compra de armas ante la presión popular

En medio de la presión estudiantil, que llevará el domingo a Washington una movilización sin precedentes, convocada por las redes sociales, senadores republicanos y demócratas negocian una revisión más estricta de los antecedentes penales y mentales de los compradores. La reforma legal buscaría impedir que potenciales pistoleros tengan la misma facilidad de la que se sirvió Nikolas Cruz para hacerse con una AR-15 y llevar el infierno a las aulas.
La escéptica atmósfera que rodea al Congreso cada vez que se plantea una restricción del acceso a las armas de fuego no ha impedido que dos senadores, uno republicano y otro demócrata, presenten un proyecto compartido. John Cornyn y Chris Murphy plantean un endurecimiento de las condiciones para poder comprar armas, tanto en la normativa federal como estatal. La reforma intenta que las amplias competencias de regulación de cada estado no se conviertan en una vía de escape que haga inútil la nueva legislación.
Donald Trump contactó el sábado con Cornyn para respaldar su iniciativa. El domingo, en su mansión de Mar-a-lago, en Florida, recibió al presidente del Congreso, Paul Ryan, para abordar el asunto. Aunque las declaraciones previas del líder republicano apuntaban a una cerrada defensa de la segunda enmienda de la Constitución (el derecho a portar armas), la presión popular parece empujar también a los conservadores a aprobar medidas. Las elecciones del “midterm” (de medio mandato), en noviembre, pueden estar modificando el tradicional cierre de filas con el que los republicanos se resisten a modificaciones legales en el control de las armas de fuego.
Este lunes, la Casa Blanca, mediante su portavoz adjunto, Raj Shah, fue más preciso al informar de que Trump “respalda los esfuerzos para llevar a cabo una revisión del sistema de control de los antecedentes” de los compradores. El mensaje se corresponde con la primera reacción del presidente poco después de la tragedia de Parkland, que atribuyó a la autoría de “un desequilibrado mental”. Después se abriría paso el “mea culpa” con que el FBI asumía no haber seguido el protocolo de una investigación en toda regla, después de recibir un mes antes la inquietante llamada de una persona cercana al asesino que alertaba de sus intenciones.
Los primeros avances contrastan con trece meses de mandato Trump sin ánimo de tomar iniciativa alguna. Más bien al contrario, una de las primeras decisiones que el presidente adoptó nada más aterrizar en el Despacho Oval fue la anulación de una medida adoptada por su antecesor, Barack Obama, que dejaba fuera del acceso a las armas a 75.000 personas consideradas inestables mentalmente. Se trataba de una lista elaborada a partir de los datos de la Seguridad Social. Una decisión de manga ancha que la Casa Blanca intenta ahora mantener en el olvido, al negarse a facilitar la imagen de su firma, que, contra lo que es habitual, no se dio a conocer a bombo y platillo. Y un precedente que lleva a pensar que Trump descargará cualquier responsabilidad sobre el control de las armas en el Congreso, limitándose a avalar con su visto bueno cualquier reforma que voten los senadores.
Masacre de Las Vegas
Ni siquiera la reforma legal que parecían haber consensuado republicanos y demócratas tras la matanza de Las Vegas, donde Stephen Paddock asesinó a 58 personas e hirió a 850, ha salido después adelante. Desde aquel fatídico 1 de octubre, no se ha concretado un solo avance legislativo para prohibir los llamados “bump stock”.
Un dispositivo como el que utilizó el pistolero para convertir en automática su AR-15 y multiplicar diabólicamente la capacidad del arma de realizar más disparos en el menor tiempo posible. Pese a que desde un principio los legisladores de ambos partidos se mostraron de acuerdo en vetar la compra de estos dispositivos, la intención no se ha traducido en norma alguna.