Temer está otra vez en manos de la Corte

La nueva denuncia por corrupción que amenaza al presidente de Brasil, Michel Temer, está otra vez en manos de la Corte Suprema, que decidirá si remite el caso a un Congreso que en agosto pasado ya se negó a avalar un juicio político contra el gobernante.
La Corte Suprema deberá definir el trámite que será seguido tras los duros cargos presentados por la Fiscalía General contra Temer y otros importantes dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), entre los que figuran dos ministros del Gobierno.
Parte de la acusación, por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, se apoya en confesiones hechas por los dueños del grupo JBS, que han dicho que sobornan desde hace años a Temer y a otros líderes del PMDB, en el poder desde mayo de 2016, cuando empezó el juicio que desalojó del Gobierno a Dilma Rousseff.
La justicia, sin embargo, ha anulado esos testimonios tras comprobar que en el acuerdo que libró de la cárcel a los dueños de JBS éstos omitieron u ocultaron información, pero aún así la Fiscalía sostiene que las “pruebas” recogidas pueden ser utilizadas.

Piden invalidez
La defensa de Temer ha contestado esa tesis y exigido al Supremo que, así como anuló esos testimonios, invalide toda la documentación obtenida en ese proceso. El magistrado Edson Fachin, instructor del caso en el tribunal, ha decidido someter esa apelación al pleno de la Corte, que tiene previsto debatir el asunto el próximo miércoles.
Sólo entonces Fachin decidirá si la nueva denuncia contra Temer será remitida a la Cámara baja, que por normas constitucionales debe avalar el inicio de un juicio contra un mandatario en ejercicio del poder.
Si la apelación fuera aceptada, la acusación pudiera ser archivada sin más por el propio tribunal, pero en caso de que sea rechazada, Fachín debería enviar el caso para el debido análisis parlamentario. En esa última hipótesis, la Cámara de Diputados iniciará un engorroso trámite que ya realizó entre julio y agosto pasados tras una primera denuncia por corrupción pasiva que el fiscal general, Rodrigo Janot, formuló contra Temer, también apoyado en acusaciones del grupo JBS.
El primer paso sería en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja, cuyos 66 miembros tendrían un plazo de hasta quince sesiones para analizar los cargos y decidir sobre su valor legal.
El dictamen de la comisión, en cualquiera de los casos, sería sometido al pleno de los diputados, que sólo autorizaría el juicio penal contra Temer si así lo aprobase una mayoría calificada de dos tercios, que representan 342 votos. La aceptación de la denuncia separaría a Temer del poder durante los 180 días que tendría el Supremo para el proceso, que acabaría con su destitución si fuera hallado culpable.