Intimación de la Justicia al Gobierno bonaerense,para «evitar malgastar recursos» en causas

El gobierno bonaerense fue intimado por la Justicia a que cada vez que muera un preso en una cárcel o una comisaría de la Provincia se le informe de esa situación en un lapso no mayor a los cinco días hábiles, con el fin de evitar «malgastar recursos» en la administración judicial en causas con detenidos fallecidos.

Cómo debe hacerse

La comunicación deberá ser realizada por los ministerios de Justicia y de Seguridad, bajo cuya responsabilidad se encuentran, respectivamente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario o en comisarías.
La presentación fue realizada por el presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, y se produjo luego de que se advirtiera que varios expedientes se tramitaban en forma inútil ante esa sede judicial, ya que los presos habían muerto.

Casos

El caso extremo es el del detenido Demetrio Ortiz, por el que la Casación bonaerense recibió el expediente en febrero de 2000, dictó sentencia en marzo de 2004, y luego se comprobó que el preso había muerto en febrero de 1999.
A través de una resolución -publicada ayer en el Boletín Oficial-, Domínguez señaló que «es fácil concluir que el Tribunal estuvo todo el tiempo trabajando con un imputado fallecido».
En el texto se reseñan además otros casos en los que Casación se enteró de la defunción del preso mediante notas periodísticas.
Uno de los casos es el de Mirta Elizabeth Canelo, la mujer que estaba alojada en la cárcel de Los Hornos y se suicidó el 6 de enero pasado, de lo cual el Tribunal de Casación tomó conocimiento por la prensa, solicitando el correspondiente certificado de defunción.
Otro es el del preso Roberto Canteros, en el que, según el presidente de Casación, «ha ocurrido idéntica circunstancia y se realizó abundante actividad jurisdiccional sobre algo que se encontraba extinguido».

Consideraciones
del camarista

El camarista consideró que «situaciones como las descriptas afectan la buena marcha de la administración de justicia, producen serias disfuncionalidades del sistema y recargan indebidamente el trabajo jurisdiccional».
Domínguez destacó además que, si bien el Servicio Penitenciario le aportó una lista de fallecidos, esta es insuficiente, ya que llega sólo hasta 2003, «no pudiendo ir más atrás por deficiencias del sistema informático».
El funcionario judicial también remarcó que la implementación del Registro Unico de Detenidos, que permitirá a todos los órganos judiciales saber en tiempo real la situación procesal de una persona, «se encuentra en experimentación en determinados Departamentos Judiciales, ignorándose cuándo estará definitivamente instalado». Además, afirmó que «por la emergencia carcelaria existente, algunas de las defunciones pueden ocurrir también en las comisarías».
Domínguez dijo que «es necesario resolver en la actual coyuntura y con la urgencia del caso el problema». Y por esa razón intimó a los ministerios de Justicia y de Seguridad a que «cuando ocurra la defunción de un detenido deberán comunicarlo a la presidencia del Tribunal de Casación Penal dentro de los cinco días hábiles de ocurrido el deceso». Al mismo tiempo, deberán acompañar «la correspondiente partida de defunción o copia certificada y el órgano interviniente al que estaba a disposición».