En 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal promovió un proyecto que reformó el sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia. Y que, además, terminó afectando el cálculo de los haberes que estaban cobrando quienes ya se habían retirado.
Entre otras cuestiones, además de elevar la edad jubilatoria a los 65 años para todos, estableció el haber en un 70 por ciento del que cobra el personal en actividad en lugar del 82 por ciento que venía rigiendo.
Una vez aprobada, la norma empezó a ser cuestionada en la Justicia. Miles de jubilados del Bapro presentaron amparos porque sintieron vulnerados sus derechos adquiridos: se habla de entre 5 y 8 mil recursos diseminados en los distintos tribunales de la Provincia. Y de ellos, 4 mil beneficiarios obtuvieron medidas cautelares por lo que la Caja está liquidando con la fórmula anterior a la reforma a aquellos amparados por la Justicia y con la metodología vigente a unos 11 mil restantes.
En medio de los planteos judiciales, el gobierno de Axel Kicillof empujó una reforma a la ley para volver, en parte, al régimen anterior.
Pero el proyecto está trabado en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en las últimas horas se produjo una novedad. En una reunión reservada, legisladores del oficialismo y la oposición escucharon un planteo de ministros de la Suprema Corte que tienen en sus manos un recurso de inconstitucionalidad que promovió la Asociación Bancaria. Según se pudo saber de fuentes calificadas, el alto tribunal habría propuesto que el tema debería tener una resolución política. Es decir, que la Legislatura vote la reforma que se está analizando u otra que podría alumbrar.
De lo contrario, directamente el alto tribunal podría avanzar con el dictado de la inconstitucionalidad de la ley, con lo cual el impacto sobre las arcas de la Caja del Bapro y de la propia Provincia, sería enorme.
En rigor, la delicada situación financiera de la Caja fue uno de los motivos por los que en su momento Vidal avanzó con la reforma.
Se dice que el déficit anual sería de unos 15 mil millones de pesos producto, básicamente, de una enorme cantidad de beneficiarios frente a los escasos aportantes al sistema.
En fuentes sindicales se admite que la cantidad de activos es de 10.500 y los jubilados ascienden a unos 15 mil. Y para lograr una situación de equilibrio se requeriría al menos 3 activos por cada jubilado. La distancia es abismal.
La negociación
En una primera instancia, desde el oficialismo se habló de una derogación lisa y llana de la reforma promovida por Vidal, pero el planteo no prosperó. Simplemente, porque en el marco de paridad de fuerzas que rige en la Legislatura, los legisladores de Juntos por el Cambio que sancionaron la reforma y que siguen en ambas cámaras, tendrían que volver sobre sus pasos para sepultar aquella normativa. Fuentes cercanas a la negociación admiten que esa situación iba a generar una encerrona imposible de sortear.
Frente a esa situación, apareció una reforma que, si bien cambia varios aspectos de la ley Vidal, conserva otros. Por ejemplo, la edad de jubilación para los hombres se mantiene en los 65 años. Pero se baja en 5 años para las mujeres que podrán retirarse a los 60 años.
Uno de los aspectos centrales de los cambios que se promueven, como se dijo, tiene que ver con la fórmula para calcular el haber jubilatorio. La ley de Vidal establece que el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 70 por ciento del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de 120 meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio. La reforma que estudia la Legislatura vuelve al 82 por ciento móvil.
Aún está vigente que esa movilidad tuviera en consideración la actualización que realiza la Anses. Con la reforma, se tomaría como parámetro los aumentos que para el personal en actividad se define en la paritaria bancaria, que son muy superiores.
Aportes
Otro de los capítulos de la reforma tiene que ver con los aportes de trabajadores, jubilados y el propio Banco Provincia para sostener la Caja.
La norma vigente establece un 14 por ciento a cargo de los afiliados activos, un 16 por ciento a cargo del Bapro y un 10 por ciento, que puede ser elevado al 12 por ciento, a cargo de los jubilados. También, el primer mes de sueldo asignado al personal a su ingreso al Banco el que podrá ser abonado en 20 mensualidades equivalentes.
Con el déficit de la Caja en el centro del debate, el borrador del proyecto que podría aprobarse en breve y que está en manos de los legisladores establece una suba de esos aportes.
Así, la contribución será del 16 por ciento para los afiliados empleados en actividad, del 28 por ciento a cargo del Banco y del 12 por ciento, a cargo de los jubilados y pensionados.
Otro de los cambios centrales tiene que ver con qué organismo se encargará de financiar el déficit de la Caja. La ley vigente pone como una fuente de recursos las utilidades del propio Banco Provincia. Pero la reforma habla de fondos de la Provincia que se asignarán en el Presupuesto de cada año y los recursos que provengan de la Anses en compensación por los sistemas previsionales que las provincias no transfirieron en su momento a la Nación.
“Sabemos que no es la mejor ley, pero es lo que hoy se puede conseguir”, admiten en la Asociación Bancaria, uno de los sectores que se sienta a la mesa de diálogo que abrió la Suprema Corte en busca de salir de la encerrona que plantea la avalancha de presentaciones judiciales.
La oposición, en tanto, reclama mayores precisiones respecto de cómo hará la Provincia para financiar el déficit crónico de la Caja.
Esa fue una de las razones por las que el proyecto no se trató en la Cámara de Diputados la semana pasada. Quizás en dos semanas, tenga revancha.
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