Antes de que los gremialistas salieran ayer de la sala de reuniones del Ministerio de Economía, tras fracasar la cuarta reunión paritaria del año, profesionales de la cartera laboral ya estaban redactando el texto para imponer la conciliación obligatoria, a fin de evitar el paro del 6 y 7 de marzo y garantizar el inicio de clases. Los docentes dijeron que la medida es “ilegal” y desde el gobierno le contestaron que “no es así”.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, acusó a los maestros de incurrir en una “falacia rotunda” por considerar que la Provincia no tiene jurisdicción para dictar la conciliación obligatoria. Y advirtió que “el no acatamiento de la conciliación puede implicar el inicio de acciones sobre la personería gremial” de los sindicatos.
Poco después, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, adelantó que se descontarán los días no trabajados.
Dijo que para el “sueldo promedio” docente -que en el gobierno aseguran que es de 19.500 pesos- la quita ascenderá a 650 pesos.
A partir de esa media, quienes cobren más sufrirán un descuento mayor y quienes cobren menos, una quita inferior.
Esos 650 pesos representan el 3,33% de un sueldo de 19.500.
Ahora bien, siguiendo esa lógica pero tomando como base la grilla salarial publicada por los gremios tras los aumentos del 2016, una maestra de grado que recién se inicia recibiría un descuento de 326 pesos (cobra 9.800) y una directora de primera que percibe un haber de 22.022 pesos, una quita de 733 pesos.
La conciliación polémica
El gobierno bonaerense impuso ayer la conciliación obligatoria a los gremios docentes, que de inmediato salieron a decir que la medida era “ilegal” porque la huelga fue convocada por sindicatos nacionales.
El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, dijo que dictó la conciliación “porque los gremios docentes no aceptaron la propuesta salarial” y anticipó que se llamó a las entidades gremiales a una nueva audiencia para el miércoles.
El titular de la cartera laboral aseveró que “se puede llamar a conciliación porque la medida de fuerza repercute en escuelas provinciales”.
Acto seguido le reclamó a los representantes de los maestros que “actúen con responsabilidad”.
“Lo hicimos para retrotraer las cosas a su situación anterior; negociamos pero con clases”, subrayó.
El jefe del Suteba, Roberto Baradel, y la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, coincidieron en relatar que “(los ministros) nos pidieron un cuarto intermedio. Y a los cinco minutos vino el de Trabajo a avisar que declaraba la conciliación obligatoria por el paro nacional. Está fuera de forma porque no tienen legitimación para declararla”, apuntaron.
En conferencia de prensa, minutos después, le respondió el director general de Educación, Alejandro Finocchiaro: “Como filial de los gremios nacionales pueden adherir o no hacerlo”, puntualizó.
“Juez y parte”
Villegas fue más lejos y directamente acusó a las seis organizaciones sindicales de la Provincia de incurrir en una “falacia rotunda” por decir que el gobierno bonaerense no tiene jurisdicción para dictar la norma que obliga a los trabajadores a cumplir su tarea mientras -el propio Ministerio de Trabajo- busca un acuerdo entre las partes en conflicto.
Allí se presenta una cuestión legal -que no tiene que ver con jurisdicciones- que siempre ha jugado a favor de los sindicatos.
La legislación provincial contempla que en un conflicto laboral nadie puede ser “juez y parte”.
Los gremios -en otras instancias donde les dictaron la conciliación- realizaron presentaciones judiciales argumentando que la cartera de Trabajo no podía mediar entre ellos y el gobierno porque “es gobierno”, es decir, “juez y parte”.
En otras circunstancias, la Justicia jugó a favor de los docentes. Habrá que ver cómo resuelve en esta ocasión.
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