Al cumplirse 50 años del derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia, sucedido el 28 de junio de 1966, me gustaría en estas líneas difundir la gestión de ese gobierno y recordar a la persona que lo encabezó.
Arturo Illia se inscribió en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, se asoció al centro de estudiantes y en paralelo se afilió a la UCR, absolutamente involucrado en la cosa pública y deseoso de participar en la transformación de su país.
Eligió afincarse en Cruz del Eje porque, según él, allí encontró algo para hacer como médico y como ciudadano, desempeñándose como profesional en los Ferrocarriles del Estado. En el golpe de 1930 fue removido de sus funciones, sin embargo decidió seguir atendiendo a sus vecinos.
En su viaje a Europa en 1934, vio la época más sangrienta de Italia y Alemania, comprobando que los sistemas autoritarios y violentos presumían ser más eficaces y expeditivos, pero eran engañosos y frágiles, manifestando que las sociedades democráticas eran capaces de transformarse a sí mismas, que todos los problemas se resolvían en paz.
Fue senador, vicegobernador, diputado y, en 1962, fue electo gobernador de Córdoba pero un golpe le impidió asumir. Un año y medio después se convirtió en presidente. Por esos días, don Arturo expresaba: “Es la hora de la reparación nacional, todos tenemos algo que aportar.
Esta es la hora de la revolución democrática. Esta es la hora de las grandes responsabilidades. Esta es la hora de los grandes renunciamientos en aras del bienestar de la comunidad.
Quien así no lo entienda está lesionando al país y se está frustrando a sí mismo”.
Pese a los esfuerzos, nadie tenía demasiada fe en la democracia, ni siquiera los partidos políticos que debían defenderla.
Haciendo un repaso de su gobierno, trascendió respetando las libertades individuales y los derechos cívicos. Durante su mandato no existieron los estados de sitio, ni represiones, ni desaparecidos. Se penó el enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
La libertad de prensa se mostró en su máximo esplendor, tanto es así que se levantó una campaña de crítica y desprestigio que abrió la puerta al futuro golpe.
Años más tarde, muchos de esos comunicadores, luego arrepentidos, se convirtieron en elogiosos y reivindicadores de su gobierno.
En lo social, mejoró los salarios de los trabajadores más pobres, disminuyó la desocupación, promulgó la Ley de Abastecimiento, estableció un nuevo régimen y escalafón para empleados de la caja de previsión, pensiones vitalicias para los premiados en las ciencias y en las letras.
También puede mencionarse la implementación del seguro de vida a tripulaciones de pesca y trabajadores rurales, la jubilación para ciegos, la construcción de viviendas para afiliados a las cajas de previsión, la condonación de deudas a las cooperativas agrarias y la concesión de préstamos a cooperativas.
Se creó el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural para abastecer de agua potable a poblaciones de menos de 3000 habitantes de todas las áreas rurales del país. En solo siete meses se había encarado un vasto plan de 12.050 viviendas.
Pero la ley 16459, del salario mínimo, vital y móvil, precediendo a la puesta en funcionamiento del Consejo del Salario, integrado por los sectores gubernamental, sindical y empresario, es la iniciativa que se inspira en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y que aspiraba a una verdadera y real distribución de la riqueza que según don Arturo, les permitiría a los trabajadores asalariados un completo desarrollo cultural y espiritual.
En educación se impulsó la Ley de Escuelas Técnicas, se sancionó la Ley de Educación Cooperativa y a partir de abril del 65 se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización.
La cuestión relacionada con los medicamentos, otro de los grandes temas que incidieron y mucho en las presiones y motivos que condujeron a la caída del gobierno de Illia. La ley 16462, llamada ley de Oñativia, por el ministro de salud que la impulsó, fue sancionada con el apoyo de todos los partidos exceptuando Udelpa y la Federación de partidos del Centro.
La ley establecía los precios máximos y congelaba precios, fijaba límites de gastos a las propagandas de los laboratorios, exigía distribución de muestras gratuitas e imponía severos límites a la posibilidad de realizar pagos en conceptos de regalías, así como cualquier tipo de remesas al exterior en concepto de la compra de insumos.
Luego del golpe, el gobierno de Onganía autorizó por decreto a incrementar los precios de los medicamentos y, de esa manera, los laboratorios se resarcían de las ganancias perdidas durante el gobierno del doctor Illia, marcando la complicidad entre el gobierno cívico-militar y los laboratorios.
Mucho se habla de la austeridad de Arturo Illia y esa austeridad era él mismo, todo su ser. Illia fue una persona de costumbres y usos austeros: el lujo, la frivolidad, vedetismo y el despilfarro no tenían cabida en su concepción de vida.
Al retirarse de la presidencia conservaba su casa y su consultorio, ya que el automóvil lo hubo de vender en la enfermedad de su esposa.
También debe decirse que, a pesar de carecer de fortuna personal, nunca se acogió al beneficio jubilatorio que le correspondía en su carácter de expresidente.
Ya nadie recuerda a los oficiales que como bandidos en la noche incitaron al presidente a alejarse de la Casa de Gobierno. Sin embargo, la imagen de aquel Presidente Argentino y, permítanme así decirlo, la imagen de aquel pueblerino hijo de la Unión Cívica Radical se hace cada vez más grande.
Terminó siendo el faro para los argentinos que soñamos nuevamente que la democracia rija de los destinos de nuestra querida Argentina.
(*) Diputada provincial por Cambiemos, oriunda de Lincoln.
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