Llegó a la Legislatura bonaerense el proyecto para limitar paros

El gobierno bonaerense giró ayer a la Legislatura el polémico proyecto que incluye la posibilidad de que la Provincia ponga límites a los paros de los gremios estatales. De ahora en más, se aguarda un fuerte debate entre los legisladores, incluso dentro del propio oficialismo donde existen posturas encontradas en torno de esta iniciativa.
El proyecto de Convenciones Colectivas establece que antes de disponer cualquier tipo de medida de fuerza, los gremios estatales bonaerenses estarán obligados a entablar una negociación con el gobierno provincial para garantizar los «servicios esenciales para la comunidad». Y en ese marco podrían ser obligados a la suspensión temporaria de las protestas o directamente a abstenerse de aplicarlas.
Si bien el texto del proyecto de ley era mantenido hasta ayer en absoluta reserva, trascendió que incluye esta posibilidad que ya generó una fuerte resistencia entre los sindicatos del sector.
El gobierno provincial aspira a que sean materia obligatoria de negociación las cuestiones vinculadas con los servicios esenciales para la comunidad. Así, podría aplicar una serie de alternativas para frenar las protestas como la suspensión temporaria de la aplicación de las medidas que originan el conflicto y la abstención o limitación de las medidas que pudieren afectar la prestación de servicios esenciales.
Además, se podría obligar a los gremios a establecer «servicios mínimos» cuya prestación deba ser garantizada durante la realización de las medidas de acción directa, notificando con una anticipación de cinco días al ministerio de Trabajo las guardias mínimas a prestar.
El proyecto no establece cuáles son esos «servicios esenciales», pero se descuenta que las prestaciones en los hospitales y las escuelas estarán incluidas y también se habla de incorporar a la dirección de Rentas a pedido del ministerio de Economía, ya que así fue planteado por funcionarios en las conversaciones previas. La definición de esos servicios se plasmaría en el decreto reglamentario.
En todas estas áreas, entonces, los paros ya no podrían tener la masividad con que se desarrollaron durante el conflictivo 2005, ya que la intención oficial es recortar el margen de maniobra de los gremios.
Varios de los sindicatos se oponen al proyecto porque sostienen que apunta a «restringir el derecho de huelga».

Organo imparcial

El proyecto, según trascendió, contempla la creación de un «órgano imparcial» que será el encargado de intervenir en los conflicto ante la falta de acuerdo entre el gobierno bonaerense y los sindicatos.
Los gremialistas pretenden darle el carácter de «tribunal arbitral» a esta estructura prevista pero nunca puesta en práctica en la Constitución bonaerense. Así, tendría una mayor jerarquía y facultades más precisas, según dicen. Pero la Provincia sólo habla de un «órgano».
Mediante el sistema de Convenciones Colectivas, el Estado y los gremios discutirán diversas cuestiones laborales, tanto las vinculadas a lo salarial como a la prestación de servicios y condiciones de trabajo, como por ejemplo horarios, vacaciones y licencias.
Sin embargo, el Ejecutivo deja a salvo en el proyecto una cuestión medular: los acuerdos salariales o cualquier otro relacionado con las condiciones económicas de la prestación de empleo, «deberán basarse en normas legales y presupuestarias, cargos y horas cátedra». De esta manera, toda cuestión que se discuta relacionada a estos temas tendrá indefectiblemente los límites que marque el presupuesto provincial.
El ministro de Trabajo, Roberto Mouillerón, señaló con respecto a esta iniciativa que el cumplimiento de los servicios esenciales deberá ser pautado por las partes «antes de llegar al paro», planteo que es rechazado por los gremios.
Así, el titular de Suteba, Rodolfo Baradel, dijo que el proyecto «no es constitucional, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado cuestionó que se pretenda «reglamentar el derecho de huelga».
Por su parte, el titular del gremio de los médicos de hospitales públicos, la Cicop, se quejó de que «los 10 mil profesionales de la salud provincial fueron excluidos de las paritarias», y señaló que se pretende limitar el derecho de huelga «que básicamente apunta a nuestro sector y a los docentes».