Juicio oral a un policía por torturas

Un ex policía bonaerense comenzará a ser juzgado el lunes, acusado de las torturas sufridas en un destacamento de Lomas del Mirador en 2008 por el adolescente Luciano Arruga, quien desapareció cuatro meses después de ese hecho.
Se trata del oficial principal Julio Diego Torales (35), detenido desde enero de 2013, que estará sentado en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza.
La audiencia comenzará a las 10 en Juan Florio 2765, de San Justo, y será encabezada por los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine, y Liliana Logroño.
 Con la intervención del fiscal de Laferrere José Luis Longobardi, se estima que durante toda la semana declararán unos 40 testigos, entre quienes estarán Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de la víctima, respectivamente.
En el juicio, ambas estarán representadas por los abogados Maximiliano Medina y María Dinard del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza.
“Este juicio tiene mucha importancia en relación al hostigamiento previo a la desaparición de Luciano por parte de la Policía. Es una causa que expresa la situación general que sufren los jóvenes pobres de barrios populares”, dijo Paula Litvachky, directora del área de Seguridad y   Justicia del CELS.
Según la acusación, en 2008, Luciano tenía 16 años y era hostigado de forma constante por integrantes de la Policía Bonaerense porque, presuntamente, se negaba a robar para ellos.
El 22 de ese año, fue detenido de manera ilegal por efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, donde actualmente funciona un Espacio para la Memoria, y estuvo allí  privado de su libertad ocho horas, acusado de haber robado un celular.
Según surge de la causa, el ahora ex policía Torales, quien en ese momento estaba a cargo del destacamento, junto a otros dos agentes aún no identificados, torturaron a Luciano con golpes, insultos y amenazas.
Por ese delito, el ex policía enfrenta una pena de entre 8 a 25 años y del debate podrí­an surgir elementos para identificar a los otros efectivos responsables.