Desde la campaña electoral, la seguridad fue uno de los ejes del discurso del intendente Pablo Petrecca y es, en efecto, la mayor demanda de los vecinos, según todos los sondeos de opinión y encuestas –Democracia publicó una recientemente donde la mayoría apuntó el delito como su mayor preocupación, seguido del rumbo de la economía-.
No bien asumió, el jefe comunal ordenó fuertes cambios en seguridad, que incluyeron el descabezamiento de la cúpula policial y la designación de policías de Junín al frente de los puestos clave, para que estén consustanciados con las problemáticas locales y adopten, asimismo, un mayor compromiso con la tarea de prevención del delito.
El objetivo propuesto, además de lograr una mayor coordinación de los diferentes cuerpos policiales que intervienen en la seguridad ciudadana, la Justicia y el municipio, era elevar el número de identificaciones, ampliar las cuadrículas y patrullajes y desarrollar así un rol más activo de la policía, al tiempo que se iría dotando de mayor tecnología e infraestructura a la fuerza (se anunció recientemente la adquisición por parte del municipio de 85 nuevas cámaras de seguridad, aunque la oposición viene cuestionando la lentitud en los procesos de compra y advirtieron que el 30 por ciento de las cámaras no funcionan y que no se ven nuevos patrulleros en las calles).
Más de 300 aprehendidos
Según los datos oficiales obtenidos por Democracia, entre diciembre de 2016 y marzo de este año la policía juninense –incluido el trabajo del comando, las comisarías Primera y Segunda, DDI, Motorizada, GAD, Policía Local y Narcotráfico- fueron aprehendidas, entre mayores y menores, 311 personas, cifra que se traduce en casi cuatro detenciones diarias, ya que si suman las capturas (hubo 78), el resultado da 389 en 101 días.
Además, según las estadísticas, hubo 59 motos secuestradas por distintos delitos, 8 autos incautados por ilícitos, 90 allanamientos, 27 procedimientos por drogas, 215 operativos, 881 infracciones de tránsito y 38.916 personas identificadas.
Satisfechos con el trabajo de la policía, la mira de las autoridades municipales del área está puesta ahora en la Justicia, donde identifican las mayores dificultades y cuestionan la “puerta giratoria”, mientras quedan en evidencia problemas estructurales de la región, como la falta de lugares de contención para los menores que delinquen o un adecuado funcionamiento del sistema carcelario.
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