Un verano sin vacaciones para afrontar la dura batalla salarial

Todavía estallaba algún petardo de festejos tardíos por la llegada del nuevo año, cuando otro “ruido” se hizo notar, al menos en los ámbitos institucionales y políticos de la Provincia. Como era previsible, las demandas salariales de los empleados públicos bonaerenses no se tomaron vacaciones esta vez. Y todavía transcurría el asueto administrativo que se concedió para el 2 de enero cuando se escuchó el primer planteo.
La inesperada y sustancial conquista salarial de los policías, conseguida bajo presión en los primeros días de diciembre, había anticipado un verano aún más caliente que los de costumbre para la habitual discusión de las mejoras salariales anuales.
Pero no todos los actores esperaban que las demandas de los docentes -aunque siempre funcionan como punta de lanza, porque atan un acuerdo al comienzo de las clases- se escucharan ya públicamente un 2 de enero.

Un apuro y sus razones

Es que a los objetivos habituales de todos los procesos de negociación salarial -niveles de aumento, fecha de vigencia de los acuerdos, etc.-, tanto los gremios docentes como los de la Administración provincial han sumado otro en esta ocasión: que las discusiones comiencen lo más pronto posible y las paritarias ya están formalmente en marcha antes de que termine enero.
Detrás de ese apuro, y desde la convicción de que en los últimos tiempos del 2013 hubo una acelerada de la inflación que erosionó los ingresos de los trabajadores más de lo previsto,  los gremios estatales alimentan el objetivo de que la mejora salarial que se defina no sólo rija desde el 1º de enero sino que se empiece a pagar cuanto antes.
Por eso, algunas organizaciones, en la previsión de que, aún “metiendo presión”, no habrá decisiones hasta marzo, están reclamando que ya con los sueldos de este mes se pague un adelanto, a cuenta, del aumento que finalmente se resuelva.

Esperando una señal

El gobierno de Daniel Scioli, por su lado, se propone no iniciar, en lo posible, las conversaciones salariales hasta que la Nación establezca la pauta de aumento para los docentes, un nivel que sirve de referencia para las provincias no sólo para las paritarias de los maestros sino también del resto de los estatales.
Pero desde la Casa Rosada no se ha dado hasta ahora la menor señal sobre cuándo se adoptaría esa decisión, que se toma en una especie de paritaria propia con las federaciones nacionales de los docentes, ni mucho menos cuál sería la magnitud del aumento que se determinaría en ese ámbito.
De cualquier manera, hay trascendidos sobre la magnitud de la mejora que aspiran a conseguir los gremios y la que buscarán otorgar las administraciones nacional y por lo tanto la provincial. Y esos números preanuncian duras batallas.

El trecho que va del 20 al 30

El Gobierno bonaerense iría a las negociaciones con una pauta que esté más cerca del 20% que del 25%, y los gremios ya definen sus planteos en torno de un nivel de aumento que ronde el 30%.
Demasiada diferencia en una provincia que tiene unos 600 mil empleados públicos y en la que el pago de salarios insume más del 70% del total de gastos de la Administración.
Sin embargo, en el gobierno de Scioli anida una preocupación aún mayor. La Policía obtuvo, en los tensos días de diciembre, mejoras en diversos componente salariales que estaban evidentemente “atrasados” (como los 80 pesos mensuales que se pagaban por “mantenimiento de los chalecos”) pero su gran conquista fue asegurarse un sueldo mínimo de bolsillo de 8.570 pesos. Y los gremios docentes y estatales se preparan para reclamar pisos de ese nivel, al menos proporcionalmente.
Los primeros cálculos que se están haciendo, en ese sentido, indican que, aún sin llegar a ese valor nominal, sino manteniendo una proporcionalidad por cantidad de horas trabajadas y otras características de cada trabajo, la mayoría de los regímenes laborales de la Administración está muy lejos de ese sueldo mínimo. Un régimen similar -el de los enfermeros-, por caso, está 2 mil pesos abajo.
Demasiada brecha, también, para un Estado que -vale reiterarlo- tiene 600 mil empleados y gasta el 70% de su Presupuesto en sueldos.
Quienes comenzaron a analizar este panorama plantean, en suma, que la cuestión salarial puede llegar a dinamitar definitivamente y hacer estallar una situación financiera ya por cierto muy precaria y delicada.
La Gobernación cerró sus cuentas formales para este 2014 con un déficit financiero de alrededor de 14.500 millones de pesos, esto es, con una necesidad de toma de fondos -nueva deuda- por ese monto para afrontar vencimientos de vieja deuda. De ese total, unos 4.500 millones corresponden a vencimientos de préstamos de la Nación que, por ahora, se ha avenido a refinanciarlos sólo por tres meses.

El contexto financiero

Pero esas cuentas no incluyeron el aumento salarial de este año. Hace apenas dos meses atrás, cuando se aprobó el Presupuesto 2014 para la Provincia, ese “agregado” -para el que también habría que conseguir financiamiento- era estimado en los despachos del gobierno provincial en unos 10 mil millones de pesos. Pero eso fue antes del logro salarial de la Policía y de que los últimos índices inflacionarios ubicaran el avance del costo de vida por encima del 30%. Ahora todavía nadie se anima a hacer una proyección sobre lo que podría insumir la pauta salarial de este año.