¿Paz en Colombia?

Las conversaciones de paz que llevan adelante el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suscitan no pocas esperanzas de dejar atrás medio siglo de violencia que sacude ininterrumpidamente ese país del norte de América del Sur.    
En el pasado, conversaciones similares fracasaron. Particularmente, las de la década del 90, en épocas de la presidencia de Andrés Pastrana Borrero, cuando a las FARC les fue asignada una zona desmilitarizada -el Caguán- que, a la postre, fue utilizada para la reorganización de la guerrilla.
Las condiciones que rodean la discusión cambiaron radicalmente desde aquel entonces hasta hoy. Tanto desde el punto de vista militar, como desde el político, las FARC sufrieron duros reveses.
Hoy ya no dominan ninguna porción de territorio poblado. Los frentes guerrilleros han perdido conexión entre sí. Las deserciones en sus filas se multiplican. Su capacidad militar se ha visto sensiblemente disminuida por la creciente eficacia de la inteligencia y las fuerzas armadas de Colombia.
Pero, por sobre todas las cosas, quedaron completamente deslegitimadas frente a la opinión pública. Toma de rehenes, secuestros extorsivos, extorsiones, complicidades con el narcotráfico, terrorismo, reclutamiento forzoso, incluido de menores, hicieron trizas cualquier imagen romántica de un ejército guerrillero luchando en las selvas colombianas.
El repudio popular a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el otro grupo combatiente, cada día menos activo, es casi total. Y, sin apoyo, ya casi resulta imposible continuar el combate. De allí, la predisposición para negociar.

Medio siglo

El origen de las FARC debe buscarse en la década del 50 del pasado siglo, cuando tras las guerras civiles entre liberales y conservadores, algunos grupo de izquierda crearon zonas liberadas para la defensa del campesinado asediado por el bandolerismo. Una de esas zonas fue la “República de Marquetalia”.
Entre los dirigentes de Marquetalia, figuraba Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda, alias Tirofijo. Junto con otros compañeros, Tirofijo funda en 1964 a la FARC como brazo armado del Partido Comunista de Colombia.
Hasta 1980, el crecimiento de las FARC fue lento y sufrió escisiones. Hasta ese entonces, la vinculación con el narcotráfico fue nula. Luego, la situación cambió radicalmente.
Las FARC ofrecían protección a los “narcos” a cambio del pago de “impuestos”. Poco a poco, la guerrilla se transformó de “protectora” en “productora” al punto de constituir un verdadero cartel, quizás el más importante.
De allí en más, su desarrollo fue veloz. Llegaron a contar con 27 frentes militares en todo el territorio colombiano.
En 1984, se produce la primera negociación por la paz, durante el gobierno de Belisario Betancourt. Negociación que fracasó, no solo por las reiteradas violaciones al alto el fuego, sino por la conformación de elementos guerrilleros de extrema derecha -los paramilitares- que representaron la irrupción de un nuevo actor en la guerra.
Armados clandestinamente desde el Ejército colombiano, los paramilitares recurrieron a métodos de guerra sucia y se financiaron, a su vez, con actividades de narcotráfico.
Para 1987, la situación se radicalizó al máximo. Los grupos guerrilleros se unieron en la denominada “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”, que reunía a las FARC, a grupos escindidos de esta última, al ELN, al Ejército Popular de Liberación y al Movimiento 19 (M-19). La unidad duró poco. El M-19 firmó la paz y se integró a la vida política, mientras que las FARC y el ELN actuaron completamente separados, salvo en el caso de alguna acción puntual.
Del otro lado, los paramilitares conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dedicadas a exterminar el intento de inserción política que la Coordinadora decidió llevar a cabo a través de un partido político denominado Unión Patriótica. La AUC, prácticamente, asesinó a todos los integrantes de la Unión Patriótica.
Pese a todo, la capacidad militar de las FARC creció y su táctica cambió. De la guerra de guerrillas pasó a la guerra de conquistas y de movimientos. Fue cuando comenzó la toma de poblaciones por  lapsos no demasiado prolongados.
En 1998 dio inicio un nuevo proceso de paz. El gobierno de Andrés Pastrana decidió desmilitarizar una zona cuya área era, aproximadamente, del tamaño de Suiza. Allí, las FARC tomaron el gobierno de las poblaciones y aprovecharon la circunstancia para incrementar la producción y el comercio de drogas, elevar el reclutamiento de guerrilleros y mejorar y acrecentar el parque de armamentos.
La tregua quedó rota en el 2002, tras el secuestro de un avión comercial en el que viajaba un senador de la República que no fue liberado. Las FARC inauguraron así su política de secuestros, algunos de carácter político como el de Ingrid Betancourt, la mayoría de carácter meramente delictivo a los efectos de exigir rescate.
Desde entonces, las FARC sólo sufrieron reveses y varios de sus jefes principales murieron, algunos de ellos como Iván Ríos asesinados por sus propios subordinados y otros por la acción militar del gobierno, como Raúl Reyes, abatido tras el bombardeo de su campamento instalado en Ecuador a pocos metros de la frontera colombiana, con el consiguiente incidente diplomático entre ambos países. Tirofijo murió, también en 2008 como los anteriores, pero de muerte natural.

Debilidad

Sin dudas, la firmeza del ex presidente Álvaro Uribe en el manejo militar del problema guerrillero, representó un elemento esencial para alcanzar el actual estado de situación. Los demoledores golpes recibidos, el constante descabezamiento de su cúpula, las operaciones exitosas de liberación de rehenes junto a las fugas y la deserción, determinaron la actual necesidad de las FARC de sentarse a una mesa de negociación.
No obstante, si su capacidad de accionar militar se encuentra disminuida y su prestigio popular está hecho añicos, la capacidad financiera de la guerrilla es, cuando menos, importante. Narcotráfico, secuestros extorsivos y robo de ganado constituyen las actividades principales.
En materia de narcotráfico, las FARC perciben un pago denominado “impuesto al gramaje”, es decir una determinada cantidad de dinero por cada gramo de cocaína producido.
El monto total se acerca a los 1.000 millones de dólares al año. A los que deben sumarse, unos 600 millones producto de extorsiones y unos 100 millones del robo de ganado.
Aún con dinero, pero sin prestigio, sin jefaturas estables, con deserción y con derrotas considerables, las FARC pierden adherentes. De los 20.000 combatientes que llegó a contar, hoy quedan menos de 8.000.
Del trato “amistoso” que recibían en gran parte del mundo, hoy casi no queda nada. Ni siquiera el Ecuador de Rafael Correa o la Venezuela de Hugo Chávez evidencian las simpatías de antaño para las FARC. Por el contrario, la buena relación de estos últimos con el actual presidente colombiano, Francisco Santos, fue otro de los factores que obligaron a la narcoguerrilla a buscar la negociación.
Las FARC se sentaron a la mesa de negociación desde una perspectiva distinta. Ya no buscan compartir el poder y ya aceptan la posibilidad de un desarme unilateral. El objetivo parece ser simplemente la reinserción en la vida civil sin condenas judiciales.
Algo no fácil de lograr, sobre todo si se tienen en cuenta las acusaciones por violaciones de los derechos humanos.
Efectivamente, tanto Naciones Unidas, como las ONG Amnistía Internacional y Human's Rights Watch, reclaman por violaciones al derecho humanitario internacional.
Acusan a las FARC de cometer asesinatos de rehenes, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado de poblaciones, abortos forzados, trato inhumano a rehenes, secuestros de civiles, desapariciones forzadas, actos de violencia sexual contra mujeres y niñas y reclutamiento de menores. Un palmarés del cual resultará imposible sustraerse. O se ocupa el estado colombiano penalmente, o se deberá ocupar la Corte Penal Internacional, que ya abrió una investigación preliminar.