La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. No es su conclusión, es parte de él. Con la evaluación aprende quien evalúa, pero también aprende el evaluado. Próximamente se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (Iecee). Esto pondrá en el centro del debate legislativo la necesidad de evaluar integralmente el sistema educativo como condición para mejorar significativamente su función.
Un alumno que debe responder a una prueba, muestra lo que sabe; pero si hay una buena devolución del docente, también aprende de su resultado.
Si hablamos de instituciones, ocurre lo mismo; el Estado en alguna forma de organización adecuada realiza una evaluación para ver si las escuelas están cumpliendo con los objetivos propuestos, no solamente si los alumnos adquirieron las habilidades básicas requeridas para pasar a otra instancia, sino también si el universo atendido no es excluyente, cuántos de quienes empiezan concluyen sus estudios, en qué condiciones lo hacen los que terminan el ciclo pero también, cómo van los que lo transcurren. ¿Para qué? Justamente de eso se aprende y se puede modificar el rumbo para mejorar.
Evaluación y premios
Esto, que parece una verdad de perogrullo, ha requerido un largo proceso de concientización y de lucha contra los prejuicios. Relacionar la evaluación y su resultado con algún tipo de premio o de castigo es una muletilla muy agitada, pero afortunadamente está siendo superada. En realidad toda evaluación conlleva un premio: sabemos más de algo, aunque más no sea lo que no está yendo bien y podemos cambiarlo.
El proyecto que tenemos a consideración en la Cámara de Diputados propone la creación de un Instituto para la Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa (IECEE) “que responda a la necesidad de contar con un riguroso diagnóstico de la situación actual y con información confiable, para poder medir los avances y evaluar el impacto de las políticas públicas, a fin de realizar una planificación efectiva”.
Es imprescindible una evaluación continua y periódica e información que cubra una serie de indicadores relevantes como base para tomar decisiones políticas que se encaminen a lograr la equidad y la calidad educativa. Cobertura, repitencia, deserción, egreso, promoción, sobre edad, origen socioeconómico, procesos y logros de aprendizaje, proyectos y programas educativos, formación y prácticas docentes, directivos y supervisores, unidades escolares, contextos socio culturales y los propios métodos de evaluación son dimensiones relevantes que este proyecto de Ley contempla que deben ser consideradas con el objeto de aportar a la construcción de políticas educativas en la Argentina.
Para ello no sólo es importante la participación de todos los protagonistas del proceso -las escuelas, sus directivos, docentes, alumnos y la propia comunidad- sino que debe realizarse de manera sostenida en el tiempo.
Resultados públicos
Por eso los resultados deben ser públicos, con los resguardos que establece la Ley 26.206, para saber las fortalezas y las debilidades que tenemos, transformando a estas últimas en “oportunidades de mejora, que se reflejen en el proyecto educativo institucional (PEI) de cada una de las escuelas.”
Nos proponemos crear un instituto en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación que, sin afectar la autonomía de las jurisdicciones, ejerza una función proactiva y coordine los procesos de aplicación en todo el país.
Funcionará como organismo desconcentrado de este ministerio, implementará políticas de evaluación concertadas en el ámbito del Consejo Federal de Educación, se ajustará los principios y metas de evaluación de la Ley 26.206, promoverá la participación de actores del sistema educativo, la comunidad científica, las fuerzas de trabajo y la producción, las representaciones gremiales docentes y estudiantiles, los poderes del Estado, a través del Consejo Nacional de Calidad de la Educación (LEN), y el director será designado previo concurso público.
Son muchos los países, entre ellos varios de América Latina, los que han reconocido los beneficios que supone la evaluación del sistema educativo como base para mejorar la calidad y equidad en la educación.
Quiero destacar que de concretarse esta iniciativa, habremos demostrado en el Congreso de la Nación, una vez más en este tiempo, lo que puede hacerse trabajando con un objetivo común: el proyecto, iniciado por el diputado Rubín, tiene el acompañamiento de diversos bloques políticos, respaldado por legisladores de los bloques Justicialista, UCR, PRO, CC, Cambiemos, GEN y Bicentenario; se han tenido a la vista otros proyectos, en un caso de un grupo de legisladores de la UCR en el otro del Frente para la Victoria; tuvo dictamen de la Comisión de Educación en presencia de representantes gremiales, donde se le hicieron nuevos aportes y cambios para mejorarlo y es posible que durante el debate en el recinto podamos enriquecerlo aún más como ha ocurrido con muchos proyectos de ley durante el periodo parlamentario 2016.
(*) Diputado nacional por la UCR. Presidente de la
Comisión de Educación.
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