El voto es la principal herramienta de los ciudadanos para expresarse. ¿Pero es realmente seguro el sistema informático de la Justicia electoral en Argentina o la voluntad popular puede ser manipulada?
Recientes casos en Estados Unidos y otros países hicieron que algunas naciones tomaran la decisión de volver a sistemas analógicos para el conteo de votos. Y la Argentina no está exenta de estos peligros.
De hecho, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió en un comunicado, hace pocos días, que las vulnerabilidades del sistema informático del fuero ponen en riesgo determinadas instancias del proceso electoral. Esto también viene siendo advertido por la jueza María Servini de Cubría y la diputada Elisa Carrió, entre otros.
Analizando la situación externamente podemos advertir, por ejemplo, que el sitio principal de la CNE (http://www.electoral.gov.ar) no es completamente seguro. Al no comenzar con “https”, la comunicación no está encriptada y las peticiones de cualquier ciudadano (u otros sistemas relacionados) podrían ser espiadas por personas que compartan la conexión de Internet en cualquier punto.
Esto también podría permitir el acceso a información que facilite un posible hackeo. Lo mismo sucede con el sitio http://care.padron.gov.ar/, dedicado al registro de residentes en el exterior.
Los sistemas de publicación de los resultados de los escrutinios provisorio y definitivo también son vulnerables.
Y por si fuera poco, también existen cuestionamientos sobre la cantidad de personas que tendrían conocimiento de contraseñas que permiten acceder al “corazón” del sistema, lo que termina por convertirse, como es lógico suponer, en un riesgo adicional.
Estos peligros también se presentan en los países más desarrollados.
Para la votación parlamentaria de marzo de este año, Holanda decidió que el conteo de votos será realizado de forma manual, porque no confían en poder arreglar las vulnerabilidades detectadas en sus sistemas informáticos en el corto tiempo disponible.
En nuestro caso, el calendario electoral nacional permite que el Estado argentino tome cartas en el asunto para corregir las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, pero es un tema que no admite más demora.
Los sistemas deben ser auditados por expertos, y actuar en consecuencia. Comenzando por la actualización de todo el equipamiento involucrado (tanto hardware como software) y continuando con la eliminación de las vulnerabilidades identificadas.
(*) Especialista en seguridad informática.
COMENTARIOS