Las cosas en su lugar

Nada va quedando en pie del otrora todopoderoso relato kirchnerista.
Jaqueada la ex presidente, sus dilectos colaboradores y sus familiares por el mayor episodio de corrupción de la historia argentina, atribulada por su participación en el encubrimiento de los terroristas que perpetraron en el atentado más grave de la historia del país, ahora queda reducida al silencio frente a la prisión preventiva dictada contra su favorito militar, César Milani, por diversos delitos violatorios de los derechos humanos.
Y resta saber qué pasó con la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Paupérrimo papel reservado a buena parte de los adalides de los derechos humanos que practicaron y practican un estentóreo silencio cuando la verdad sale a la luz.
Una verdad que optaron por ignorar en el pasado, cuando los recursos del Estado les aseguraba fondos para sus estafas con “Sueños Compartidos” o les colocaba familiares a diestra y siniestra en los empleos públicos.
Ya no se escuchan las voces de Estela Carlotto para justificar en la falta de pruebas la designación de Milani como jefe del Ejército.
Ya nada dice Hebe de Bonafini, aun si se le recuerda su montaje periodístico “La madre y el general” en la publicación de la organización Madres de Plaza de Mayo, cuando todas eran flores.
El kirchnerisno, que todo lo pudo en materia de corrupción, llegó a comprar las conciencias de quienes perdieron sus seres queridos por la acción del terrorismo de Estado.
Les guste o no, negaron sus propios muertos cuando les dijeron que debían avalar al represor ilegal Milani porque se los ordenaba Cristina Kirchner que lo necesitaba para espiar ilegalmente al resto del país. Y lo hicieron.
Vociferaron hasta el infinito ante la pretensión del gobierno actual de hacer móvil el injustificado feriado del 24 de marzo en contraste con su prolongadísimo mutis por el foro frente al caso Milani.
Hasta desatendieron las advertencias de una de sus asociadas, la madre del soldado Alberto Ledo, desaparecido bajo el mando de Milani, con tal de hacer el juego corrupto del kirchnerisno.
Capítulo aparte para la justicia argentina. Años para hacer cuanto debía hacer. Bienvenida la hora de la verdad. Pero sin olvidar que las denuncias contra Milani llevan años y que los jueces miraron para el costado hasta ahora.
Final para la politización de los derechos humanos. Aun cuando el desfachatado del diputado Juan Cabandié declare, sin rubor, que la detención de Milani se debe “a la política de derechos humanos de Néstor y Cristina”.
Final para la gloria de los que descuelgan un cuadro más de veinte años después o se atreven a reescribir el informe “Nunca más” producido por aquella corajuda Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), formada por el presidente Raúl Alfonsín, y presidida por don Ernesto Sábato.
La detención de Milani, imputado en una causa por secuestro de personas, deberá completarse con la investigación sobre la participación del kirchnerista ex jefe del Ejército en la desaparición y muerte del citado soldado Ledo y en, cuando no en un k, su enriquecimiento ilícito.
Con todo, la prisión preventiva actual pone las cosas en su lugar.

Errores no forzados
Dos traspiés obligaron al presidente de la República, Mauricio Macri, a presentarse en una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido. Optó, en ambos casos por dar marcha atrás.
El primero fue el monto fijado por el incumplimiento de contrato por parte del concesionario del Correo Argentino que, en su momento, fue adjudicado a una empresa de Franco Macri, el padre del Presidente.
Durante años, el kirchnerismo nada hizo para cobrar esa acreencia a favor del Estado Nacional. No son pocos quienes sospechan que, así, el kirchnerismo encontró en el padre de Macri –y su dinero, claro- a un aliado.
Puede ser, puede no ser. Lo cierto es que la deuda no se cobró y nada se hizo por cobrarla. La tardanza favorecía a Franco Macri y perjudicaba al Estado. Sencillamente, porque en una convocatoria de acreedores, las deudas no se indexan.
Ergo, la inflación jugaba a favor de Franco Macri. Con la administración de Mauricio Macri, el Estado intentó regularizar la situación. De la mera aplicación de la ley, surge que al capital adeudado por doce años, solo es posible aplicarle un interés anual. Como se dijo, la ley prohíbe la indexación.
Nada anormal si de otro caso se tratase, pero es el caso del padre del Presidente, un clásico empresario ducho en hacer negocios con el Estado, con todo lo que ello conlleva en la Argentina.
El ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, advirtió en su momento al jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el riesgo de escándalo con la aplicación estricta de la ley. Peña no le dio importancia. Así lo confesó cuando declaró que “Aguad, algo me dijo al pasar”.
Según se supo, los directores de línea del Banco Nación emitieron un dictamen en contra del acuerdo. Ese dictamen fue motivo de un duro desacuerdo entre uno de los vicejefes de gobierno, Mario Quintana, y el ex presidente del Nación, Carlos Melconian, que terminó con la salida de este último.
Luego el escándalo. Gratuito. Previsible. Evitable. Por error, por ignorancia, por dejar pasar y a ver qué pasa, por lo que sea, el Gobierno permitió que el caso se convirtiese en una causa rayana en la corrupción –y, por tanto, aprovechable para la oposición- cuando ni siquiera se movió un peso.
Fue necesario que Macri, que el presidente Macri, diese la cara una vez más. Otra evitable rectificación para poner punto final al asunto. Un asunto al que se le dará muchas vueltas pero que finalmente será difícil retocar porque es cuanto la ley establece.
Solo que se debe manejar, políticamente, de otra manera.
Si la cuestión del correo revela torpeza, la del aumento para los jubilados indica soberbia.
Nuevamente, la discusión técnica sobre el tenor del incremento puede resultar correcta. De allí a plantear una reducción de 0,3 punto en el incremento semestral que traducido a pesos, para una jubilación mínima, equivale a 24 pesos, resulta un franco desatino.
En primer término, porque los jubilados argentinos están mal pagos como producto de los desquicios en las cajas de jubilaciones sobre los que la mayor parte de la responsabilidad recae en el peronismo desde sus inicios hasta hoy.
En segundo lugar, porque nadie con sano juicio plantea, menos aún en un año electoral, semejante zoncera que si bien representa una mínima reducción del gasto público implica una afrenta para el sector pasivo de la sociedad.
Peor aún, el gobierno de Cambiemos fue el que produce la reparación histórica tras el despojo a que se sometió a los jubilados con cálculos de haberes deliberadamente incorrectos que obligaban a pleitear durante años en tribunales y cuyas sentencias eran ignoradas.
No se entiende. No se puede entender tanto desatino.
Salvo si se presta alguna atención a un nuevo “relato” que pergeña el “gurú” ecuatoriano Jaime Durán Barba al que poco le  falta para que se atribuya el mérito único del éxito electoral del 2015, como si los aliados de Cambiemos no existiesen y como si Cristina, Scioli y Aníbal no hubiesen aportado lo suyo.
Párrafo aparte: Durán Barba llegó a decir ante los intendentes de Cambiemos, con el Presidente presente, que con el equipo del PRO –es decir, con él- Hillary Clinton no perdía en los Estados Unidos. Soberbia a la enésima, que le dicen.
Sí, Macri corrigió y eso es mucho mejor que el empecinamiento y la tozudez que exhibía el gobierno anterior especializado en negar la realidad.
Pero, como dicen todos, va siendo hora que no haga falta continuar corrigiendo.

Salarios
Bajo cualquier circunstancia un acuerdo salarial que establezca un incremento anual equivalente a la pauta de inflación con que fueron formulados los cálculos del presupuesto, más una cláusula gatillo que dispare incrementos superiores si dicho cálculo se ve desbordado, resulta un buen acuerdo salarial.
Es el que logró el gremio de empleados públicos (UPCN) con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No obstante, esa calificación puede ser puesta en duda, si no contempla una actualización por pérdida de salario de arrastre.
Ambos argumentos pueden ser válidos, a condición que reflejen el contexto en el que se desarrollan.
Así el reclamo docente, que dejará –casi con certeza- sin asistencia a clase a buena parte de los educandos del país, limitará el problema a la sencilla búsqueda de un ingreso más alto.
Pues llegó la hora de decir que no es así. Llegó la hora de señalar que la educación pública argentina, en particular en el nivel primario y secundario, es de pésima calidad. Que sin dudas el gobierno anterior es responsable, pero que desde hace muchos años, el Estatuto del Docente y sus sucesivas modificaciones, llevaron las cosas a un punto de deterioro de difícil retorno.
Hoy, el gasto público en educación es altísimo, la calidad es bajísima y los salarios no son satisfactorios. Faltas, licencias, suplencias se acumulan por doquier. Es la bajísima productividad de un Estado que fue convertido en una fuente de encubrimiento de la desocupación y en un botín de guerra.
Sin dudas, algunos sindicatos van más allá de la mera reivindicación gremial. Como ya es tradicional en la Argentina, sus decisiones y conductas se inscriben dentro de un contexto político.
Correctamente, el Gobierno nacional dejó el problema en manos de las provincias. Rápidamente, gobernadores de todos los colores políticos llegaron a la conclusión común de pagar un incremento del 18 por ciento.
Nadie hizo populismo. Porque nadie cuenta con la certeza de una asistencia del Gobierno nacional. Entonces, prevalece la sensatez.
¿Qué puede ocurrir? Que las provincias se estiren dos o tres puntos en el ofrecimiento y que las clases comiencen. O lo contrario, claro. Mientras tanto continuamos hablando de salarios y no de calidad educativa.
Eso no es igualdad de oportunidades.

Política
Los aliados del PRO dentro de Cambiemos ven con asombro el cúmulo de errores que el Gobierno comete mientras se empecina en no consultar antes de tomar decisiones.
Desde las filas del radicalismo ya nadie saca los pies del plato pero el asombro abarca a los otrora opositores a Cambiemos y a sus más firmes defensores. Desde la Coalición Cívica, concentrada en manos de la diputada Lilita Carrió, ven con preocupación que la política de hechos consumados obligue a la toma de posiciones públicas una vez los hechos ocurridos.
Nadie sabe que va a hacer Carrió, quien debe renovar su banca. Aunque todo el mundo prevé una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires, si Cristina Kirchner finalmente se presenta.
Esa candidatura de la ex presidente es deseada por La Cámpora, por Sabbatella, D’Elía y el trío Boudou, Mariotto y Esteche, pero rechazada por el resto del peronismo que pretende evitar una nueva derrota que le reste chances para la presidencial del 2019.
La suspensión de la cumbre peronista bonaerense de Santa Teresita, el viernes pasado, demostró que la Kirchner deberá elegir entre Buenos Aires o Santa Cruz, como cabeza de una vertiente por fuera de la estructura del peronismo.
¿Si su candidatura es segura? Casi obvio. Como Carlos Menem, de quién se burlaba, deberá eludir la cárcel y para ello, la única alternativa es un fuero de legisladora.
En la provincia de Buenos Aires, el peronismo contará posiblemente con tres variantes por separado.
La de Cristina Kirchner, con el apoyo de muy pocos intendentes y escasísima presencia en la estructura partidaria. La de los intendentes del Grupo Esmeralda que lideran Martín Insaurralde de Lomas de Zamora y Gabriel Katopodis, de General San Martín. Y la de Sergio Massa con el apoyo no peronista del GEN de Margarita Stolbizer,
Por el lado radical, la incógnita surge del futuro de su relación con el PRO dentro de Cambiemos. Consolidar dicha alianza requiere dos cuestiones que los radicales reclamarán en su reunión informal de Villa Giardino, Córdoba, durante la semana que se inicia.
Primero, la participación en la toma de decisiones. Segundo, la conformación de las listas a niveles nacional y provincial.
En cada uno de los 24 distritos del país, la situación es distinta. Pero, en todos, el centenario partido pretende consolidar y avanzar en su implantación territorial, como trampolín para el futuro.
Todos se harán presentes en la localidad cordobesa. Un “todos” que abarca al ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay.