El golpe fue duro porque esperaba otra cosa. Mauricio Macri había recibido señales positivas de la Corte Suprema antes del fallo por el tarifazo del gas, pero la nueva dinámica del tribunal le propinó un revés político y dejó alarmas encendidas.
Después de mascullar bronca contra el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y asumir una derrota que pudo haberse evitado, Macri comenzó a replantear la estrategia para reordenar el panorama tarifario del gas, pero también de la luz.
Convocó a las audiencias públicas que reclamó el máximo tribunal, para discutir las tarifas del gas, el próximo 12 de septiembre, e instruyó al Enargas a que ordene a las empresas la refacturación del servicio que había quedado suspendida.
También habrá audiencias por las tarifas de luz, un día después. De hecho, la principal preocupación oficial por estas horas es la probabilidad de que el máximo tribunal también retrotraiga las correcciones en las tarifas de la electricidad.
De las audiencias públicas se encargará el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a sus vices, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. No tendrá participación el ministro Juan José Aranguren, figura que crispa ánimos por ser la cara del ajuste.
Respaldado por Macri, el ex Ceo de Shell se ocupará junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de avanzar hacia un Acuerdo Federal de la Energía, con especialistas, gobernadores y sindicatos. Con ese pacto, tratará de galvanizar su política energética a largo plazo.
Sin plan B
El fallo unánime de la Corte anuló el incremento del gas para los usuarios residenciales, que representan el 26 por ciento de la facturación, tras resolver que es obligatoria la realización de audiencias públicas establecidas en la Constitución, pero dejó firme el aumento para comercio e industrias.
En la mesa chica del poder están convencidos de que la Corte permitió trabajar sobre una hoja de ruta y que, al fin y al cabo, el costo fiscal -unos 20 mil millones de pesos- es mucho menor al que potencialmente se hubiera enfrentado con la anulación total.
Pero en el gabinete hubo reproches por la falta de información certera sobre lo que estaba pasando en el tribunal a partir de la incorporación de Horacio Rosatti. Esa ceguera, incluso, opera para lo que viene en todo este proceso.
El punto a favor del Gobierno fue haber reaccionado con tranquilidad en público. Eso lo distinguió de los embates del kirchnerismo a la Corte. La separación del jefe de la Aduana, ante la presunción de que estaba al frente de una red de corrupción, buscó fortalecer esa cosmovisión.
Pero no todo es tan lineal. Algunas estimaciones indican que el costo fiscal del fallo del gas se duplicaría con el eventual revés en el conflicto por las facturas de luz y complica el plan macrista de mediano plazo que contemplaba nuevos ajustes.
Además, los aumentos al comercio e industria seguirán cuestionados judicialmente y habrá que ver cuáles serán los nuevos pronunciamientos de los magistrados.
Las audiencias públicas no son vinculantes pero serán una caja de resonancia del descontento expresado a través de la oposición, sindicatos, entidades fabriles y asociaciones de consumidores.
Pese a ello, la administración de Mauricio Macri no prevé revisar los últimos aumentos de hasta 400 y 500 por ciento. "No hay mucho margen para cambios", coincidieron distintas fuentes.
Aseguraron que a ese número se llegó en acuerdo con la mayoría de las provincias, donde prevalece el PJ.
Qué hará la oposición
Habrá que ver cómo juega la oposición luego del fallo. Todos celebraron la anulación del aumento para los hogares, pero advirtieron sobre las penurias en la industria.
En el peronismo se vive una situación particular. El jueves, día del fallo de la Corte, el Consejo del PJ se reunió en la sede de la calle Matheu, pero no pudo sacar provecho del pronunciamiento porque está sumido en sus internas.
Sólo asistió un gobernador, el salteño Juan Manuel Urtubey, en tanto que el formoseño Gildo Insfrán siguió el debate por Skype a través del teléfono del presidente del partido, José Luis Gioja.
Horas más tarde, tres mandatarios provinciales, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) cenaron en la casa del diputado Diego Bossio, quien es el referente de una de las escisiones legislativas del PJ.
Bossio, muy enemistado con La Cámpora, es uno de los articuladores de la renovación de un peronismo sin Cristina Kirchner. El esquema incluye al grupo Esmeralda, liderado por los intendentes del Conurbano, Gabriel Katopodis, Martín Insaurralde y Juan Zabaleta y los senadores que responden a Miguel Pichetto.
También orbita allí el Frente Renovador de Sergio Massa, quien opera muchas veces en tándem con Bossio y ya hace un tiempo había fijado como precondición para su eventual regreso al PJ a que tomaran distancia de Cristina y Daniel Scioli.
Dentro de ese rearmado, varios gobernadores que creen que Scioli sigue siendo una figura valiosa para el partido lo cuestionaron duramente por haberse sacado una foto con la expresidenta, hecho que puso en pausa un plan de Gioja de formalizar una fractura con el kirchnerismo duro.
Consciente de estas resistencias y acosada judicialmente, Cristina retomó la actividad política con salidas a la Villa 31 y el Conurbano. En Ensenada, dijo que es una militante y llamó a construir "una nueva mayoría". Su eventual participación en las elecciones será una de las comidillas de los próximos meses.
LA COLUMNA DE LA SEMANA
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