El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) filial Junín, Héctor Azil, cuestiona la tarea que se lleva a cabo en la delegación local Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde –dijo- se obstaculizan las acciones que lleva adelante el gremio para defender a sus afiliados.
En un comunicado que lleva su firma, Azil puntualiza que el Ministerio tiene, entre otras funciones, que supervisar el cumplimiento de policía de trabajo en cada delegación del ámbito bonaerense y, por otro lado, gestionar administrativamente los accidentes laborales e intervenir en los conflictos individuales y colectivos de trabajo en jurisdicción de las delegaciones.
“Hecha esta introducción, veamos la realidad. El sindicato que presido tiene solicitadas varias inspecciones, las primeras desde el día 11 de mayo de 2016. La inacción del Ministerio (a pesar de reiterados reclamos telefónicos ante el delegado regional) motivó que el día 23 de junio presentáramos una nota intimatoria, luego de la cual se nos aprobó una de las inspecciones pendientes. Después de eso, y a pesar que diariamente reclamamos la acción del organismo oficial, no hemos tenidos respuestas positivas, sino excusas”, reveló el dirigente.
Azil continuó señalando que supuestamente, el circuito de los pedidos de inspección que realizan los gremios es el siguiente: presentan la nota en la delegación correspondiente, desde Junín los expedientes son remitidos a Baradero, donde quedan indefinidamente en espera de autorización, acto que de ocurrir se viabiliza a través de la Delegación Pergamino, que dependiendo de sus plazos y tareas dispone cuándo mandar inspectores para realizar las inspecciones, o sea, tarde o nunca.
“Cabe preguntarse al respecto: ¿Para qué tiene el Ministerio la función de policía de trabajo, si evidentemente no tiene intención de cumplirla? ¿Entienden los funcionarios involucrados que tras cada reclamo hay derechos de trabajadores incumplidos? ¿Quieren realmente resguardar los derechos laborales o están para proteger a las empresas?”, cuestionó el titular de ATSA.
A continuación remató: “Dejo a criterio de cada uno las respuestas, a mí no me quedan dudas al respecto. Generar un circuito burocrático, inútil e ineficiente a fin de demorar eternamente acciones que siempre deben ser inmediatas es funcional a las empresas y dejan a los trabajadores y sindicatos (por inacción, desidia o complicidad) sin una herramienta fundamental para salvaguardar los derechos laborales”.
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