Con el blanqueo, atado al pago de las deudas con los jubilados, el presidente Mauricio Macri intenta iniciar otra etapa de su corto gobierno, hasta hoy signado por los ajustes, las fuertes subas de las tarifas, los combustibles y la inflación.
Un giro político no exento de cierta audacia que colocaría a su administración lejos de las objeciones provenientes de la oposición: falta de sensibilidad social o sesgada a atender las urgencias empresariales.
Un “gobierno de los ricos” en oposición a otro para los pobres. Una estigmatización de fácil marketing que elude a los opositores de sus responsabilidades por doce años de gobierno kirchenista/pejotista.
La decisión de saldar la deuda con los abuelos puede leerse como la contracara del acuerdo con los holdouts, que cerró el capítulo de casi 15 años de default.
Pagar la deuda externa y la interna. Un andarivel exactamente opuesto al seguido por el matrimonio Kirchner: los fondos previsionales fueron usados para infinidad de destinos, menos para cancelar las acreencias de los jubilados.
Una malversación de los aportes que no ha sido atributo excluyente del kirchnerismo, sino de al menos seis décadas de gobiernos anteriores que echaron mano a esos recursos para cubrir baches fiscales o políticos.
Clave política
La deuda con los jubilados, como se dijo es la clave política. Pero el blanqueo es el corazón del paquete económico.
Una decisión mala, pero necesaria. Y una apuesta que supone riesgos y cálculos que quizás no sean de tan sencillo cumplimiento.
Los blanqueos fueron condenados por la mayoría de los actuales funcionarios.
El ministro Prat-Gay calificó como “económica, política y moralmente inaceptable” el último blanqueo que defendió el actual diputado Axel Kicillof.
La diputada Elisa Carrió, socia política del Presidente, no ocultó su oposición, así como lo hizo en los anteriores, al señalar que fue sancionado por la administración K para permitir el lavado del dinero de la corrupción y el narcotráfico.
Acuerdos fiscales
El actual proyecto tendría otros atributos técnicos y éticos. Debería ser leído como parte de acuerdos fiscales en las que participan más de 100 naciones que buscan implementar a partir del 2017 normas mucho más altas y exigentes de persecución del delito económico a nivel global.
La Argentina debería inscribirse en esa nueva línea de combate al dinero negro internacional.
Las recomendaciones de estos acuerdos incluyen la implementación de un blanqueo previo a las normas más estrictas de persecución impositiva.
Las contradicciones entre lo local y lo internacional, pese a todo, surgen inevitables. Como el detalle del depósito que el Presidente declara tener en Bahamas, casi en simultáneo con los anuncios de su gobierno de medidas para repatriar capitales.
Otro aspecto de mayor trascendencia económica es que este blanqueo está totalmente disociado de algún paquete de medidas para resolver la enorme economía en negro que subsiste en el país.
Informalidad
Alrededor del 40% del empleo es informal y, en algunas regiones del país, las cifras trepan a porcentajes mucho mayores.
El valor de la economía negra es de difícil estimación, aunque bastaría una visita a la Salada o los cientos de “Saladitas” que funcionan en el conurbano.
¿Puede ser efectivo el perdón fiscal que propone el oficialismo sin abordar los enormes problemas estructurales que fomenta una floreciente economía negra?
La evasión es una cultura que atraviesa a las grandes empresas, el campo y miles de pequeñas o medianas empresas, adicional a los millones de trabajadores independientes que eluden de esa manera los enormes costos tributarios, además de los kafkianos sistemas de recaudación.
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