Elisa Carrió va, de a poco, ganando influencia en el oficialismo. Habla más de lo que trasciende con la gobernadora María Eugenia Vidal y está resuelta a dar la pelea electoral del año que viene en territorio bonaerense.
“A Vidal le toca la tarea de gobernar y a mí la de luchar contra las mafias en la Provincia”, disparó la diputada nacional en las últimas horas. Esa decisión no parecería estar desvinculada de un deseo nunca admitido por el gobierno de Cambiemos: el de desplazar a la procuradora María del Carmen Falbo.
Amaneció allá por los primeros días de enero, una ofensiva un tanto difusa liderada bajo la cobertura de algunos pliegues del gobierno de Vidal. Pero la idea de eyectar a Falbo quedó en stand by por varias semanas luego de aquella intentona fallida. Ahora, Carrió se transformará en una suerte de ariete para ir por la jefa de los fiscales.
Más allá de lo difícil que le resulta al propio presidente Mauricio Macri evitar que Carrió haga y deshaga a su antojo, lo que aparecería ahora en superficie sería una suerte de acuerdo tácito para desarrollar esa ofensiva sin tantas ambigüedades.
La diputada nacional la emparentó una y otra vez con una de sus presas políticas preferidas: Aníbal Fernández. Habló de mafias y de complicidades con el delito y en esa lista anotó los nombres del frustrado candidato a gobernador por el kirchnerismo y el de la Procuradora.
Carrió va por esa cruzada y, de paso, metió en la bolsa a intendentes y ex intendentes peronistas. Nada parece casual: en el Ministerio de Seguridad surgen señales de no querer avanzar con la ley que dejaría a las policías locales en manos de los jefes comunales, que acumularían aún más poder con el manejo total de la pelea contra el delito.
Era un compromiso que Cambiemos había sellado con el massismo, pero el proyecto de ley sigue sin aparecer. El ministro Ritondo dio algunas pistas que sus interlocutores decodificaron sin esfuerzo: les pidió en las últimas horas a varios encargados de esas fuerzas locales que no actúen como “empleados” de los intendentes.
El gobierno de Vidal no parece ahora permeable a dejar en manos de los alcaldes, en especial los del peronismo, tamaño manejo de poder.
De reojo
Pero en el Gobierno provincial hay quienes miran con recelo estos movimientos de Lilita. Son los que abonan la teoría de que conviene aguardar un desenlace menos cruento para el caso Falbo, que ir hacia un posible e incierto juicio político.
La estrategia de dejar pasar el tiempo en busca de calmar las aguas y acaso apuntar a que la jefa de los fiscales pidiera su jubilación, parece ahora dinamitada por la irrupción bonaerense de la líder de la Coalición Cívica.
Carrió, mientras tanto, disfruta de las mieles del reconocimiento frente a la veracidad de varias de sus denuncias contra el kirchnerismo. Algunas encuestas ya la muestran como la mejor candidata que puede exhibir Cambiemos para la elección de medio turno. Hay quienes dicen que tiene cierto guiño del propio Macri. Vidal, por su parte, parece dispuesta a que Lilita sea un engranaje clave en las elecciones del año próximo.
Esa influencia puede que esté acelerando algunas definiciones en los esquemas de apoyos que logró anudar el gobierno de Vidal. El grupo de intendentes dialoguistas del peronismo empezó a marcar diferencias cada vez más notorias aun cuando no hayan dinamitado ningún vaso comunicante con el Ejecutivo provincial.
Algunas de esas señales emergieron en la cumbre que varios alcaldes, legisladores y dirigentes peronistas no kirchneristas desarrollaron en Cañuelas.
Salieron a apoyar a Vidal en sus planteos por contar con más fondos federales y se anotaron en la lista de sectores que apoyarán el límite a las reelecciones. Sin embargo, quieren que la reforma política no se agote en esa limitación: pretenden que en forma simultánea se apruebe una ley para prohibir que quien ocupe un cargo electivo pueda al mismo tiempo ejercer otro cargo público.
Una norma de esas características arrojaría como resultado varias víctimas en Cambiemos. Una de ellas es Jorge Macri, otro de los que suena como candidato a senador nacional que, en simultáneo, es intendente de Vicente López y presidente del Grupo Banco Provincia.
Estos sectores del peronismo que sueñan llevar a Florencio Randazzo como postulante al Senado, vienen consolidando posiciones cada vez más críticas con el Gobierno nacional. Un grupo de intendentes liderado por Gabriel Katopodis (San Martín) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) trabaja en la presentación de una acción judicial conjunta frente al tarifazo de la luz.
Algunos de ellos estuvieron en Roma y vieron al Papa Francisco. Se llevaron la recomendación del jefe de la Iglesia Católica de “no olvidarse de los pobres”. A las pocas horas, Insaurralde ya bramaba contra el “ajuste salvaje” del gobierno de Cambiemos.
Conflictos
El gobierno de Vidal, mientras tanto, no puede terminar de despejar dos conflictos que siguen ganando en temperatura. Uno es con los empleados de los tribunales que está paralizando la actividad judicial.
El reclamo salarial no cede y el Ejecutivo parece impotente frente al planteo sindical. La Suprema Corte decidió intervenir y ensayar una suerte de conciliación entre las partes que arrancará mañana y que se celebrará con otro paro ya lanzado para el resto de la semana.
Tampoco existe solución para los planteos de los médicos que seguirán con las protestas, en medio de reclamos por sueldos y cuestiones previsionales que rozan lo inverosímil.
Unos meses antes de terminar su mandato, el ex gobernador Daniel Scioli firmó un decreto de “desgaste prematuro” que permite a médicos y enfermeros jubilarse a los 50 años y 25 de servicios. Pero ese decreto no está operativo: el Instituto de Previsión Social le quiere cobrar a esos futuros beneficiarios una diferencia por aportes no realizados que van desde los 250 mil hasta los 500 mil pesos, exigencia que torna impracticable el nuevo régimen por el que vinieron peleando por años las representaciones sindicales.
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