La inseguridad alimentaria es un proceso en el que hay una disponibilidad limitada e incierta en cantidad y calidad de los alimentos que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de los individuos, así como de la habilidad para adquirirlos de un modo aceptable desde una perspectiva social y cultural.
A partir de estudios cualitativos se ha logrado comprender el proceso de la inseguridad alimentaria como diversos momentos por los que transitan los hogares.
Uno de ellos se ha caracterizado por la preocupación en torno al acceso a los alimentos, que en los hogares suele asumir estrategias de ajuste del presupuesto afectando la calidad y la dieta alimentaria en términos de diversidad de los alimentos. Una segunda circunstancia identificada como inseguridad alimentaria moderada, se produce cuando los adultos del hogar limitan la cantidad y calidad de los alimentos que sólo ellos consumen. Y un tercer momento, denominado de inseguridad alimentaria severa, es el que se afecta la cantidad y calidad de los alimentos consumidos por los niños.
A partir de estos estudios se generó un índice de inseguridad alimentaria con vastos antecedentes en términos de su medición y validación en diferentes países de Latinoamérica. La llamada Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) se aplica en las encuestas nacionales de Brasil, México, Colombia, Guatemala, Bolivia y Ecuador.
A nivel local, cabe señalar la existencia de antecedentes como el de Bolzán y Mercer (2009) que a partir de una investigación realizada en niños pobres del norte argentino se mostró la relación entre la percepción de hambre -reflejo de la inseguridad alimentaria- y el retardo de crecimiento en talla, reflejo de procesos crónicos de carencias, en niños de 6 meses a 6 años.
Otro estudio local es el de Fiszbein y Giovagnoli (2004) que destaca la fuerza de la correlación entre inseguridad alimentaria y pobreza extrema. En efecto, en los procesos de validación de esta escala se ha mostrado que la inseguridad alimentaria guarda fuerte correlación negativa con el ingreso, así como con medidas tradicionales de inseguridad alimentaria como la ingesta de alimentos per cápita.
En el marco de los estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), se realizaron diferentes experiencias de medición de la ELCSA y su adaptación al caso de la Argentina desde el año 2009, en que se inició un intenso intercambio con especialistas de la FAO, se realizaron diversos ejercicios de validez, y se aplicó a través de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) en 2009 y se continúa midiendo hasta la actualidad.
Los usos más frecuentes de la ELCSA en los países de la región, han sido en el campo de la formulación y gestión de políticas públicas, ejecución de programas y acciones para combatir la inseguridad alimentaria.
Según los resultados de la EDSA para la infancia argentina dos de cada diez niños en ciudades de 80.000 habitantes y más se encontraban a finales del 2010 en situación de inseguridad alimentaria (11,9% en nivel moderado y 7,7% severo). La evolución permite advertir que en los últimos dos años la evolución fue positiva en términos de la merma de la situación más grave que pasó de 9,8% en 2013 a 7,7% en 2015.
En el caso de las mediciones de la EDSA también se estima una significativa correlación estadística con la indigencia económica y con el insuficiente consumo de cuarto grupos de alimentos esenciales (carne vacuna, verduras, frutas frescas y lácteos).
Más del 45% de los niños en hogares indigentes en términos económicos experimenta situación de inseguridad alimentaria en 2010 y en 2015. No obstante, entre 2010 y 2015 cayó la propensión a la inseguridad alimentaria severa, pasando en los indigentes de 27,9% a 19,8% (una merma de 8 p.p.). Mientras que la inseguridad en su nivel moderado se incrementó en 5,6 p.p. Es decir, que una proporción de quienes salieron de la situación de inseguridad alimentaria severa pasaron a una situación de nivel moderado y solo una proporción residual logró salir de la situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos.
La correlación también se advierte con el insuficiente consumo de cuatro grupos de alimentos fuente de nutrientes esenciales (un consumo promedio semanal de una vez por semana o menos de carne vacuna, y tres veces semanales o menos de verduras, frutas frescas y/o lácteos). A medida que se agrava la situación de inseguridad alimentaria se incrementa la propensión a un insuficiente consumo semanal de los grupos de alimentos mencionados. Mientras que 11% de los chicos/as con seguridad alimentaria tienen un insuficiente consumo de nutrientes esenciales, 22% en la población con inseguridad alimentaria en nivel moderado y 27% entre quienes experimentan la situación más grave.
Es decir, que los niños/as en situación de inseguridad alimentaria tienen el doble de probabilidad de no acceder de modo simultáneo a alimentos fuente de nutrientes esenciales (carne vacuna, verduras, frutas y lácteos) que pares con seguridad alimentaria.
Si bien la correlación entre la situación de indigencia y la inseguridad alimentaria es clara. También es fácil advertir que la situación de no indigencia económica puede coexistir con situaciones de inseguridad alimentaria. Esto último revela que el cálculo monetario de una canasta básica alimentaria es insuficiente como parámetro para erradicar el hambre. Cabe conjeturar que los hogares en situación de indigencia económica no solo utilizan sus escasos recursos económicos en el acceso a los alimentos de sus miembros, y que probablemente el umbral de la canasta establecido no es la valuación de la CBA mensual para un hogar tipo (matrimonio con dos niños/as pequeños/as entre 5 y 8 años) estimada a partir de la EDSA para el año 2015 fue $ 3.365, bastante para garantizar una alimentación adecuada en términos de sus nutrientes.
De allí la importancia de incorporar a las encuestas de hogares de la Argentina indicadores complementarios como la ELCSA que permite advertir situaciones específicas de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos a partir de la experiencia de los hogares.<
(*) Investigadora Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA).
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