El Gobierno anunció recientemente que la soja producida solo en 10 provincias recibirá el nuevo recorte de 5 puntos porcentuales en las retenciones cuando en realidad se había comprometido para todos los productores en diciembre pasado.
Algunos lo tomaron como un "reconocimiento" a las zonas más alejadas de puerto por los costosos fletes, otros sostienen que no alcanza (y es cierto); los demás creen que es otro punto en contra de la seguridad jurídica y la imprescindible estabilidad en las reglas de juego.
Los más no tienen ni una mínima idea de cómo se podrá llevar a cabo semejante diferenciación y, peor aún, cómo se garantizará que esa diferencia de 5 puntos (se estima alrededor de U$S 20 por tonelada) llegue efectivamente a los productores y no "quede por el camino".
Como se sabe, la Argentina está estancada desde hace 4 años en una producción que ronda los 55-58 millones de toneladas, sobre unas 20 millones de hectáreas sembradas, situación que es muy probable que se mantenga también en esta campaña 2016-2017.
E incluso la producción de soja puede caer un poco por el crecimiento del maíz y de la mala calidad de gran parte de la semilla disponible de la oleaginosa, que atravesó muy adversas condiciones climáticas durante su evolución.
Ahora, las provincias beneficiadas serán Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Misiones, y Formosa las cuales venderían al mismo precio FOB vigente, con 30% de retenciones, pero se les "reintegraría" posteriormente el 5%.
Todavía no está claro (las versiones son disímiles) si será por hectárea sembrada, o por tonelada cosechada/vendida. En cualquier caso, la duplicación de acciones (cobro para devolver después), sumada al alto costo de la burocracia oficial, sigue determinando más pérdidas que ganancias.
Se trata de un esquema que, por otra parte, fue presentado como un "beneficio" para las zonas alejadas (Plan de Fortalecimiento de la Economías Regionales) cuando, en realidad, se trata de un incumplimiento de lo comprometido hace 10 meses, y que constituye un perjuicio para el grueso de los productores que esperaban que se respetara el cronograma de recortes de los impuestos a la exportación de la soja, rebajándolos a 25 puntos.
El tema no es sólo ése. Resulta que el área alcanzada por la controvertida medida es de sólo 11% de la superficie total que se siembra con soja en el país, ya que apenas ronda las 2,20 millones de hectáreas de las cuales Santiago del Estero se lleva más del 55% (900.000 hectáreas), seguida por Chaco (596.000 hectáreas), Salta (440.000) y Tucumán 200.000.
Frente a esto, Misiones sólo cultiva 1.500 hectáreas, Jujuy poco menos de 7.000, y Formosa 17.000 hectáreas, por citar sólo a algunas de las restantes "beneficiadas".
La cuenta, simple, es que el 89% de la superficie, unas 17-18 millones de hectáreas deberán seguir tributando 30% de retenciones, mientras en apenas 11% del área con la oleaginosa se cumpliría con el recorte comprometido, de 5 puntos.
Muchas cosas son discutibles, pero no se puede presentar esto como un éxito o un avance, y menos aún, como parte del "Plan de Refortalecimiento de las Economías Regionales".
Dicho de otra forma, de los casi U$S 1.000 millones que el Gobierno debía dejar de percibir por retenciones a la soja en la próxima campaña para volver a manos de los productores, ahora "resignará" únicamente unos U$S 40 a 45 millones por la rebaja a 25 puntos en el 11% de la superficie de cultivo, en zonas mayormente marginales (que producen sensiblemente menos, en promedio). Un negocio "redondo", casi tanto como el poroto de soja.<
(*) Periodista especializada. Ingeniera agrónoma.
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