El fallo en que los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués redujeron la pena al violador de un niño de 6 años no deja de generar polémica en todos los ámbitos.
Ayer, mientras el Colegio de Abogados bonaerense dio a conocer un duro comunicado en el cual, tras analizar el caso en cuestión, termina calificando como “imprescindible” una “profunda reforma del sistema del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia”, se pudo confirmar que, por otra parte, en la sesión del consejo superior del 2 de junio la Universidad analizará un informe sobre la supuesta vinculación de Piombo con la última dictadura cívico-militar.
El Colegio de Abogados de la Provincia, que nuclea a más de 40 mil profesionales, señaló respecto de la sentencia de la gran polémica que “sin perjuicio de la independencia en materia de interpretación que tienen los jueces al fundar sus decisiones, deben ponderar y ajustar sus resoluciones de modo tal que en ningún caso provoquen conmoción social”.
El consejo superior de la entidad agregó que “la previsibilidad de las consecuencias de las sentencias y la vinculación de estas últimas con la realidad es un principio esencial que, cuando no es respetado, suscita supuestos de gravedad institucional, según lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Para el Colegio de Abogados provincial, el fallo rebasó “cualquier límite de interpretación razonable”
En uno de los párrafos más fuertes de la declaración, el Colegio de Abogados remarca que algunos de los fundamentos de la decisión señalada “contienen expresiones, calificaciones y juicios de valor que, rebasando cualquier límite de interpretación razonable, han incurrido en un grave desvío provocando un categórico rechazo por parte de la sociedad en general”.
Es por ello que entienden como “imprescindible” -tal cual se indicó- “la necesidad de avanzar hacia una profunda reforma del sistema del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, que posibilite que se cumpla el objetivo para el que fue creado conforme a la Constitución” bonaerense.
Finalmente reclaman a los poderes públicos “la urgente aprobación de un Código de Ética Judicial, en cuya elaboración deben participar los abogados y sus instituciones colegiales como actores vinculados a la Justicia”.
“Hay que ser cautelosos”
Por su parte, Marcelo Sena, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste, prefirió pedir cautela y no subirse al enjuiciamiento social de los jueces.
“Hay que ser cautelosos a la hora de interpretar lo que está escrito. No sé si la intención ha sido plantear el tema tan linealmente como se supone, o sea que el nene había sufrido con anterioridad algún tipo de abuso, o si el padre lo trataba de una situación determinada y que a partir de ahí podamos inferir que no cabe el agravante de gravemente ultrajante. Es una interpretación peligrosa y particular, ahora no sé si han querido plantearlo en esos términos los jueces. Quiero creer que no. Si así fuera, el planteo no me parece lógico. Tendríamos que escucharlos cuando hagan su descargo ya sea ante el Consejo de la Magistratura para que ellos puedan decir qué fue lo que pasó”, aseveró.
Sena señaló que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata se reúne el martes para tratar la situación de estos jueces desde el punto de vista académico y –opinó- “me parece que lo que corresponde es que el juez que es profesor de la facultad diga lo que tenga para decir y plantee las pruebas necesarias para su defensa”.
“Estamos en un momento donde pareciera que todo lo que esté tildado de garantista es mala palabra, cuando en realidad debería ser al revés, deberíamos bregar por el garantismo porque es la única manera de que funcione el estado de derecho”, afirmó.
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