Ahora salen todos los abogados a cuestionar el fallo del escándalo

El fallo en que los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués redujeron la pena al violador de un niño de 6 años no deja de levantar voces de condena en todos los ámbitos.
Mientras el Colegio de Abogados bonaerense dio a conocer un duro comunicado en el cual, tras analizar el caso en cuestión, termina calificando como "imprescindible" una "profunda reforma del sistema del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia", este diario pudo confirmar que, por otra parte, en la sesión del consejo superior del 2 de junio la Universidad analizará un informe sobre la supuesta vinculación de Piombo con la última dictadura cívico-militar.
El Colegio de Abogados de la Provincia, que nuclea a más 40 mil profesionales, señaló respecto de la sentencia de la gran polémica que "sin perjuicio de la independencia en materia de interpretación que tienen los jueces al fundar sus decisiones, deben ponderar y ajustar sus resoluciones de modo tal que en ningún caso provoquen conmoción social".
El consejo superior de la entidad agregó que "la previsibilidad de las consecuencias de las sentencias y la vinculación de estas últimas con la realidad es un principio esencial que, cuando no es respetado, suscita supuestos de gravedad institucional, según lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
En uno de los párrafos más fuertes de la declaración, el Colegio de Abogados remarca que algunos de los fundamentos de la decisión señalada "contienen expresiones, calificaciones y juicios de valor que, rebasando cualquier límite de interpretación razonable, han incurrido en un grave desvío provocando un categórico rechazo por parte de la sociedad en general".
Es por ello que entienden como "imprescindible" -tal cual se indicó- "la necesidad de avanzar hacia una profunda reforma del sistema del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, que posibilite que se cumpla el objetivo para el que fue creado conforme a la Constitución" bonaerense.
Finalmente reclaman a los poderes públicos "la urgente aprobación de un Código de Ética Judicial, en cuya elaboración deben participar los abogados y sus instituciones colegiales como actores vinculados a la Justicia".

¿Doble acusación?
En tanto, la supuesta vinculación del juez y docente de la facultad de Derecho Horacio Piombo con la dictadura constaría "en un expediente que la dirección de Derechos Humanos de la Universidad viene trabajando hace tiempo", aseguraron altas fuentes de la casa de estudios superiores platense.
Vale aclarar en este punto que el abordaje de ese tema en la sesión del consejo superior del martes 2 de junio nada tiene que ver con el posible juicio académico que le inicie a Piombo la unidad académica de 48 entre 6 y 7, donde el magistrado dicta Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado.
El pedido de juicio académico y de suspensión en el cargo docente mientras aquella instancia se sustancia se tratará en el consejo directivo de Derecho el martes que viene, tras una presentación de la bancada estudiantil.
En otras palabras: en el ámbito universitario Piombo podría ser "sentado en el banquillo" por dos motivos.
Por un lado, se le podría realizar un juicio académico por el escandaloso fallo que benefició al violador de un niño argumentando que la víctima tenía "una tendencia homosexual" y que ya había sufrido abusos en su entorno familiar.
Y por otro, a raíz de su hipotético vínculo con el terrorismo de Estado.
En ese caso, el artículo 1° del estatuto de la Universidad impide la pertenencia a la institución de toda persona "involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado".
En el Rectorado también confirmaron a este medio que en el marco de la masiva movilización que encabezó la federación estudiantil (Fulp) el último jueves, sus dirigentes entregaron "pruebas" a las autoridades de la casa de altos estudios de cara a la sesión del consejo superior de principios del mes entrante.
"Las autoridades se comprometieron a analizar si Piombo está violando el artículo N° 1 del Estatuto de la UNLP", dijo el titular de la Fulp, Darío Estévez, y añadió: "Es que además del conocido fallo retrógrado, homofóbico y discriminatorio, en sus comienzos como juez rechazó sistemáticamente los habeas corpus de los familiares de desaparecidos, según hemos constatado en el juicio por el centro clandestino de detención La Cacha y el de la Unidad 9".