La huelga de gremios del transporte y centrales sindicales opositoras para reclamar al Gobierno cambios en el impuesto a las Ganancias y el pago de una deuda de $25.000 millones con las obras sociales paralizó este martes la actividad en el país, donde las principales ciudades aparecieron desiertas.
Durante la jornada no funcionaron colectivos de corta, media y larga distancia, trenes, subtes, ni aviones, y tampoco los bancos, mientras que la protesta se complementó con piquetes en los principales accesos a Capital Federal y distintos puntos del conurbano y el interior, sin que se registraran mayores incidentes.
Para el sindicalismo, que amenaza ahora con un paro de 36 horas para mediados de abril, la medida de fuerza fue "contundente", mientras que para el Gobierno la protesta tuvo "connotaciones políticas" y el 95% de la población intentó trabajar pero no pudo por la falta de transporte, lo cual rechazado por organizadores de la medida de fuerza.
La jornada arrancó con piquetes realizados por el sindicalismo combativo y agrupaciones de izquierda en los principales accesos a la Capital y otras ciudades importantes de la Argentina, pero esas manifestaciones fueron levantadas cerca del mediodía y el tránsito se liberó, cuando se garantizó la imposibilidad de traslado.
La habitual hora pico mostró un panorama desértico en las estaciones ferroviarias porteñas de Retiro, Constitución y Once, donde habitualmente llegan cientos de miles de personas desde el norte, el sur y el oeste del Gran Buenos Aires a la Capital para trabajar y estudiar.
Además de los trenes, no hubo subtes, colectivos, vuelos de cabotaje ni internacionales, peajes, recolección de basura, atención al público en los bancos y tampoco en las estaciones de servicio; las escuelas y dependencias públicas mostraban un funcionamiento parcial.
Algunos optaron por viajar en autos particulares y si bien hubo taxis, fueron pocos para trasladar a quienes intentaron llegar a sus lugares de trabajo. Según estimaciones de consultoras privadas, la pérdida económica para el país llegó a 3.000 millones de pesos, mientras los comercios la estimaron en unos 2.000 millones.
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