No se trató sólo de un homenaje al fiscal Alberto Nisman. La denominada marcha del 18F significó la puesta en escena de una nueva demanda de la sociedad en la transición hacia el cambio de gobierno: la necesidad de mayor institucionalidad.
Hasta la denuncia y posterior muerte de Nisman las prioridades de los argentinos pasaban por conseguir mejores niveles de seguridad y evitar que los problemas experimentados por la macroeconomía empezaran a golpear bolsillos.
Esas demandas se mantienen en pie, pero el caso Nisman plantó otra bandera al irrumpir en medio de una pulseada creciente entre el Gobierno y la Justicia, y del avance de las denuncias de corrupción contra el poder en los tribunales federales.
En una sociedad tan polarizada como la argentina actual es difícil encontrar el punto justo de estas manifestaciones multitudinarias. Está claro que no se trató de un simple homenaje a un fiscal como señalaron sus organizadores. Fue una marcha contra el Gobierno, como las que encabezaron los productores agropecuarios contra la resolución 125 en 2008.
Pero lo importante son las ponderaciones y así como la caminata bajo la lluvia conllevó un inocultable condimento opositor, implicó también una respuesta contundente en varias de las principales ciudades del país contra la sensación de que el Poder Judicial -aún con sus miserias- está siendo invadido.
El camino a recorrer hacia mayores niveles de institucionalidad y transparencia es amplio. Toda crisis implica una oportunidad por lo que quizá la convulsión política actual alumbre una administración con mayores y mejores niveles de control y rendición de cuentas.
En ese marco y en la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales los distintos campamentos de campaña ya tomaron nota del cambio de escenario generado por el deceso de Nisman y prometen actuar en consecuencia, incluso dentro del peronismo.
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