La balacera de Pueblo Nuevo

La ciudad se conmovió aquella mañana al despertar: en un aparente enfrentamiento durante la madrugada entre efectivos policiales, que se trasladaban en un patrullero, y cuatro jóvenes, que iban en un Fiat Duna, resultó muerta Natalia Redondo, de 22 años.
Entre las versiones que hablaron de una persecución policial por las calles de la ciudad a presuntos ladrones, con intercambio de disparos incluido; y la hipótesis de un caso más de “gatillo fácil” por parte de uniformados que balearon a jóvenes desarmados hasta causar una víctima fatal, lo cierto es que el suceso mantuvo en vilo a los juninenses.

La muerte con uniforme
La CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, confeccionó un archivo en el que enumera uno a uno los casos de personas muertas en manos de integrantes de las fuerzas de seguridad en la Argentina desde 1983, estadística que se presentó a la opinión pública, por primera vez, en el año 1996.
A partir  de entonces, el promedio general es de 2,66 personas muertas por mes en manos de las distintas fuerzas de seguridad y  la provincia que concentra la mayor cantidad de hechos de esta índole es Buenos Aires con el 47,33%. En orden decreciente le siguen Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Corrientes
Ese informe, además, determinó que la edad promedio de las víctimas se ubicó en los 17 años y se estableció que un alto porcentaje de víctimas son de sectores sociales y económicos más desprotegidos.
Las cifras reflejan aquellos casos en los que el o los autores fueron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir Policía Federal, Policía de las diferentes provincias, Servicio Penitenciario y Gendarmería.
El 27 de noviembre de 1998, la CORREPI presentó en Plaza de Mayo, por tercera vez, un nuevo informe. Trece días antes, el 14  de noviembre, en Junín se vivió un hecho que por sus características, tiempo después fue incorporado al informe de la Coordinadora.

El caso “092”
El 092 es el número que la CORREPI designó para el caso que en Junín se conoció como “La balacera de Pueblo Nuevo” y que se cobró la vida de Natalia Redondo, una joven de 22 años.
La breve síntesis explica que “dos parejas de jóvenes iban en un auto. Pararon en un negocio de fotografía y uno de los muchachos bajó, aparentemente quiso robar unas cámaras en el negocio sin que sus amigos supieran. Al volver a subir, un patrullero los persiguió disparando; una de las balas atravesó el baúl y mató a Natalia que iba en el asiento trasero. Otro joven resultó herido”.
Pese a que la narración en sus aspectos salientes del hecho concuerda con parte de la descripción de lo sucedido, la Justicia local no lo consideró como un caso de “gatillo fácil”.

“La balacera de pueblo nuevo”
Sobre las 4:30 de la madrugada del sábado 14 de noviembre de 1998, en avenida Arias, entre Rivadavia y Roque Sáenz Peña, un grupo de jóvenes que caminaba por el lugar se detuvo a la altura del local Color Shop. Al sonido de vidrios que se rompen le siguió el robo de una cámara fotográfica, rollos, partes de una fotocopiadora, fotos y dinero.
Esa maniobra, el bullicio, los movimientos fueron advertidos por un vecino, que llamó al 101 en el mismo momento en el que el grupo corrió hacia la esquina de la Plaza 25 de Mayo, donde había estacionado un automóvil Fiat Duna de color blanco. Como cuadros continuados de una serie de fotografías, comenzó una persecución que terminó en tragedia.
El primero en acercarse fue un móvil policial -identificado con el número 55065- que a poco de llegar y en inmediaciones de  Rivadavia y Francia sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a abandonar la persecución del Fiat Duna, que a gran velocidad huyó por la arteria principal.
En ese momento fue cuando se sumó el patrullero 55066, ocupado por dos efectivos: el sargento primero Domingo Amhed y el cabo primero Néstor Mercado.
Cuando el vehículo particular llegó, siempre por Rivadavia,  a la altura de calle Alem, el conductor  giró en dirección a avenida Primera Junta y en la esquina de esa arteria con Cabrera impactó contra el cordón de la vereda. Para entonces ya se habían escuchado varias detonaciones producidas por armas de fuego.
En pocos minutos, el barrio se transformó en un verdadero caos: móviles policiales, vehículos oficiales, funcionarios de una de las fiscalías recientemente creada, las más altas autoridades policiales, vecinos que a pesar de la hora comenzaron a agolparse sin comprender qué sucedió.

Confusion total
En un clima de enorme confusión, quedó un móvil policial con cuatro impactos de bala en el capot. Del Fiat Duna, donde viajaban cuatro personas jóvenes –dos hombres y dos mujeres- descendieron su conductor, Juan Oubiña, de 21 años; Vanesa Manila, de 21 años, ilesa; Ricardo Machaín, de 21 años, herido por el choque; mientras que Natalia Redondo, de 22 años y que ocupaba el asiento ubicado al lado del conductor, estaba muerta.
El trabajo de peritos, la inspección de ambas unidades, la autopsia, fueron elementos determinantes para reconstruir que sucedió durante la última media hora.
Del auto particular se secuestraron elementos que fueron sustraídos en el local comercial de fotografía, ubicado en avenida Arias –propiedad de Néstor Paz- y un arma de fuego calibre 22.
Durante la inspección, en la parte trasera del Duna, a  la derecha de la patente RPK 230, se detectó un orificio compatible con el de una bala de 9 milímetros y otro, similar, a la izquierda. En el capot del móvil policial quedaron marcados cuatro impactos de bala que por sus características, se adjudicaron a un arma calibre 22.

La autopsia
La autopsia en el cuerpo de la joven fallecida determinó con posterioridad que recibió un impacto de bala en la espalda, al lado de la columna a la altura de la séptima vértebra y que por su trayectoria le produjo una lesión en el corazón y la muerte en forma instantánea. En sus manos la joven sostenía, al momento de recibir la herida mortal, picadura de  marihuana.
En el piso del Duna se halló un arma de fuego calibre 22. Desde entonces, los medios de comunicación local comenzaron a hablar de “La balacera de Pueblo Nuevo” y reflejaron las decisiones que la Justicia adoptó paso a paso, pero también pusieron en duda la teoría del enfrentamiento entre la Policía y los jóvenes y plantearon la posibilidad de un caso más de “gatillo fácil”. En ese sentido, la hipótesis de que el arma calibre 22 fue “plantada” por los policías, cobró fuerza.
Los investigadores tuvieron delante una prueba de fuego, un desafío singular, sobre todo porque se trató de un hecho gravísimo que además, involucró a efectivos policiales. Y la inexperiencia propia de  los flamantes funcionarios judiciales también pesó, porque fue un mes y medio antes que se puso en marcha la reforma del Código Procesal Penal en territorio bonaerense.
El sistema judicial y sus integrantes, de estar habituados a la figura de un juez responsable de ordenar, disponer, investigar y resolver, pasaron a un sistema diametralmente opuesto: un fiscal para investigar, un juez de Garantías para el control y aprobación o no de diversas medidas.

Un nuevo código
Aquella mañana llegó a la escena del crimen el doctor Marcelo Tuñón, titular de una de las tres fiscalías que fueron creadas en el Departamento Judicial Junín. Como resultado lógico, al verse involucrados en el episodio dos efectivos de seguridad, se presentaron también las máximas autoridades de la fuerza policial: el entonces titular del Comando de Patrullas, Mario Astrada;  y el jefe de Policía Departamental, comisario Mario Campaña.
Con el correr de las horas  y a medida que el fiscal comenzó a recibir testimonios y resultados de las primeras pericias, se conoció la calificación inicial de la causa: para Juan Oubiña, conductor del Fiat Duna, “Robo y resistencia a la autoridad”; para los efectivos policiales Ahmed y Mercado, “Homicidio y Lesiones Leves en concurso real”.
El 15 de noviembre recuperaron la libertad Ricardo Machain y Vanesa Manila.
Dos días después Juan Oubiña –representado por el abogado Darío De Ciervo- también quedó libre porque la imputación se correspondió con un delito excarcelable.
El 20 del mismo mes y ya con nuevos informes de pericias, tales como dermotest y de las armas reglamentarias del personal policial, recuperó la libertad el sargento primero Domingo Ahmed.
Recién el 27 de noviembre el juez de Garantías interviniente, José Lucchini, dispuso la excarcelación extraordinaria del cabo primero Néstor Mercado, quien contó con el asesoramiento letrado –junto con su compañero- de los doctores Juan José López y Juan Manuel Rosas.
Finalmente, llegó la resolución final del ámbito judicial que, en contrario con lo descripto por la CORREPI, no consideró que se haya tratado de un caso de “gatillo fácil”.