En los últimos tiempos hemos visto en las páginas de los diarios diversas notas que dan cuenta de la gravísima problemática de la violencia de género en nuestra ciudad, incluyendo el contrapunto entre funcionarios municipales y una ONG que promueve la implementación de la Ordenanza 4622/04 de creación del Hogar de Tránsito para las víctimas de ese flagelo.
Más allá de que personalmente considero que dicho proyecto en muchos aspectos requiere una amplia revisión, me parece un buen punto de partida para un debate en serio sobre la necesidad de políticas públicas específicas. Para ello me gustaría compartir estas dos miradas sobre el tema.
La Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales fue aprobada por el Congreso en marzo del 2009 y reglamentada un año más tarde. Desde entonces, se ha avanzado en la implementación de algunos aspectos de la misma, pero aún estamos lejísimo de una puesta en práctica integral y acorde a la gravedad de la problemática para la cual fue creada.
Muy poca producción y sistematización de datos, falta de implementación de un Plan Nacional y de encuestas de prevalencia, limitación presupuestaria y ausencia de liderazgos comprometidos. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio de evaluación de la implementación de la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia, presentado hace unos días por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) a más de 5 años de sanción de la ley.
Sin embargo, cinco años después hay muchísimas deficiencias en la implementación de la misma. La más evidente es que aún no ha sido aprobado y puesto en práctica un Plan Nacional.
Un ejemplo internacional
Una delegación de ONU Mujeres y representantes del Gobierno de Georgia se interesaron por la red de recursos del Instituto Andaluz de la Mujer ante la violencia machista.
En el encuentro, al que acudió la directora del IAM, Silvia Oñate, se comentó la importancia de la imagen pública y del consenso nacional ante este problema.
La red de recursos del Instituto Andaluz de la Mujer para la prevención, detección y actuación ante la violencia de género es un sistema que se encarga, entre otras funciones, de los protocolos de intervención en casos de riesgo de muerte, de la promoción de la igualdad a través de la coeducación en los centros escolares públicos (Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene en las escuelas e institutos un coordinador de coeducación y un experto en género en los consejos escolares), de la vigilancia de la industria mediática y publicitaria mediante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista y de las campañas anuales con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año, el lema fue #sumatuvoz con la pretensión de implicar al mayor número de instituciones y personas en la generación de un mensaje común contra la violencia de género.
Entre otras iniciativas, destaca el trabajo que se está empezando a realizar en el ámbito de las redes sociales, que propician una nueva dimensión del maltrato, y los jóvenes, en quienes, en ocasiones, se observan peligrosos comportamientos que recuerdan a los de hace varias décadas, explica una abogada del IAM.
Pero, por lo que he planteado al inicio, esto es lo que me resultó más interesante:
En el centro de emergencia estas mujeres son aisladas para evitar cualquier riesgo. El siguiente paso es ingresar en la casa de acogida donde la estancia dependerá de la evolución de la víctima. Se la envía a un centro fuera de su provincia de origen y lejos de cualquier contacto con su entorno. Esta experiencia las ayuda a conocer a otras mujeres en su situación y compartir sus historias, además de recibir asesoramiento jurídico, psicológico, socio laboral y económico. Las personas acogidas las víctimas y sus hijos si los tienen cuentan con un equipo de profesionales que trabajará para lograr que sean independientes, emocional y económicamente para procurar su reinserción. Una de las psicólogas que trabaja en estos centros explica que su labor consiste en restaurar la autoestima de las víctimas. "Es vital para recuperarlas que se emancipen y, por eso, es importante que obtengan un empleo y que vuelvan a valerse por sí mismas", señala la abogada.
Vivir en uno de los pisos tutelados es la última etapa y tiene como objetivo favorecer la autonomía de estas mujeres. En Andalucía, el sistema cuenta con 34 centros de atención y acogida, de los que 9 son centros de emergencia, 8 casas de acogida compuestas por 52 inmuebles y 17 pisos tutelados.
Durante la tertulia, Rocío Rodríguez, de ONU Mujeres, describió las cuestiones que sorprendieron a los georgianos. El riguroso control que existe del anonimato tanto de las víctimas, como de la localización de los centros y de los profesionales que las atienden fue uno de los aspectos que impresionó a esta delegación. Un protocolo de seguridad que no existe en Georgia, donde las casas de acogida son espacios de tensión a las que los agresores suelen ir en busca de venganza.
Las cosas que nos faltan
En conclusión, podemos tener muy buenas leyes y muy bien intencionadas iniciativas de la sociedad civil, pero nada será eficaz si no existe decisión política, liderazgos fuertes con formación específica, y obviamente presupuesto, o sea una Política Pública integral, y como tal es de esperar sea incluida el año próximo en las plataformas de todas las opciones electorales.
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