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CONCLUYÓ LA PRIMERA ETAPA DEL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMNIDAD

Durante tres semanas se revivió el terror sufrido durante la dictadura en Junín

En ocho jornadas, 70 testigos declararon ante el tribunal, en un proceso histórico. Ratificaron casos de secuestros y torturas en tres centros clandestinos de detención. Hubo testimonios estremecedores por su crudeza, y se incorporaron nuevos datos sobre los crímenes de aquellos años.

Entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre se llevaron a cabo las primeras ocho jornadas del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín. Para las audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata se instaló en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, un edificio con una fuerte carga simbólica, donde los retratos de todos los presidentes constitucionales –desde Hipólito Yrigoyen hasta Cristina Fernández de Kirchner– aparecían como una suerte de custodios de los derechos humanos.
En esas tres semanas, pasaron 70 testigos que relataron los crímenes de los que fueron víctimas en aquellos años.

Tres centros de detención

Ya en el pedido de elevación a juicio hecho por la fiscalía luego de la etapa de instrucción, se hablaba de “un plan criminal” ejecutado en el circuito represivo conocido como Subzona 13, dependiente del área 131, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 (UP13) que entonces estaba en construcción y el destacamento rural de Morse.
Los testimonios recogidos en este proceso confirmaron que hubo víctimas alojadas en estos tres lugares, y que en todos se llevaron a cabo sesiones de tortura. Inclusive, en las dos últimas jornadas, se hizo una inspección ocular en estos lugares y los testigos reconocieron los sitios donde estuvieron detenidos y sufrieron tormentos.
Asimismo, en las declaraciones se señaló al destacamento de Agustín Roca como un lugar en el que también se picaneó a detenidos.

Tres desaparecidos

De acuerdo a los testimonios hay tres casos de desaparición forzada de personas en nuestra ciudad.
Uno de ellos es el de Hugo Torretta. Sus familiares declararon que fue secuestrado el 24 de mayo de 1976. “Dijeron que lo llevaban por averiguación de antecedentes o algo así, y no lo vimos nunca más”, dijo su hermana Elsa.
Poco se sabe de lo que sucedió con él, aunque hubo testigos que aseguraron haberlo visto el 2 de abril del 76 en la Comisaría Primera. Ismael Tornello contó que ese día Torretta “llegó de madrugada, todo golpeado”, y tan maltrecho que “no se podía tener en pie”. Y aseveró: “Tomó un cigarrillo que alguien había tirado y se fumó el que debe haber sido el último de su vida, porque no lo vi nunca más”.
Otro de los desaparecidos juninenses es Adrián Romié, quien trabajaba en el restaurante del Automoto Club cuando, la noche del 17 de diciembre de 1976, a la salida de su trabajo, iba en taxi hacia su casa con sus compañeros y un Falcon gris lo interceptó, se bajaron cuatro hombres armados vestidos de civil y se lo llevaron.
Luego, la búsqueda de su familia resultó infructuosa.
La misma noche secuestraron al reconocido titiritero juninense Gilberto “Beto” Mesa. Más allá de las gestiones la hermana y el padre de Beto (que era policía retirado), nunca se supo el paradero del artista juninense.
En la quinta jornada, el testigo Alberto Silva le dijo al tribunal que “un comisario retirado que se llama Benito Almada” le había dicho “que él sabía quién había secuestrado a Romié y dónde lo podían haber enterrado, lo mismo con ‘Beto’ Mesa”.
Almada involucró al agente judicial José Luis Camarro (ver recuadro) como partícipe de las detenciones de los dos jóvenes desaparecidos. También dijo que a Romié lo llevaron “al Punto Uno”, que era el predio de la Sociedad Rural, y a Mesa lo trasladaron “a una quinta ubicada detrás del regimiento”.
En un momento, los jueces le impidieron a Almada seguir con su testimonio puesto que, al no haber denunciado los hechos cuando era policía, en caso de continuar con su declaración podría incurrir en una autoincriminación por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Años de terror


Uno de los relatos más fuertes se dio en la segunda jornada, cuando se sentó frente al tribunal María Elena Echart.
Citada a declarar en esta causa, Echart contó que a su marido “lo asesinaron el 7 de noviembre de 1976 dentro de la Comisaría Primera”, y luego describió los padecimientos que ella sufrió, ya no como familiar, sino como víctima de la violencia estatal de esos días.
“Ellos arruinaron mi dignidad, la mía y la de mis hijos”, decía Echart sobre los agentes policiales, al tiempo que recordaba su calvario: “Me violaron. Me llevaban al hotel Los Pinos y me hacían lo que querían. También me llevaban a la Laguna o a un monte que está cerca de Roca, donde me apuntaban con un arma” para luego vejarla.
El silencio profundo del auditorio hacía más dolorosas las palabras de Echart, que detallaba los agravios sufridos y sus terribles consecuencias: “Estoy vacía por dentro, no siento nada, me duele todo, me hicieron mucho daño”.

El caso Coart

En enero de 1976, un operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad terminó con la detención de 14 personas, la mayoría de ellos, miembros del grupo Coart (Coordinadora de Arte). Se trataba de una agrupación que reunía a referentes de la cultura de distintas ramas: Música, Teatro, Literatura, Pintura y demás.
Los secuestrados fueron: Benito de Miguel, el escribano Víctor Pajoni, su esposa Graciela Ciappesoni, Imelde Sanz, Ariel de Siervo, Armando Álvarez, Normando Di Sábato, Rubén Liggera, Alberto Silva, Juan Carlos Martín, Ricardo Vega, Héctor Vega, Ana María Rinaldi y Horacio Arce.
De la reconstrucción hecha por víctimas y familiares, se desprende que la madrugada del 24 de enero del 76 fueron “levantados” de sus casas, en muchos casos de manera violenta, por un grupo integrado por fuerzas de seguridad.
Permanecieron entre cinco días y una semana en la Unidad Penitenciaria 13. La mayoría denunció haber recibido torturas y simulacros de fusilamiento en ese centro clandestino de detención.
Los testimonios coinciden en que luego fueron trasladados a la Comisaría Primera. La mayoría de los testigos afirma que el trato en la Primera fue más benévolo, aunque Silva sostuvo que ahí también fue picaneado.
Posteriormente fueron enviados a la cárcel de San Nicolás y luego de unos meses fueron liberados.
El caso se convirtió en uno de los emblemáticos de este juicio. <

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