Familiares y víctimas de la represión revivieron el horror sufrido en Junín

Ayer comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura cívico militar y en ese marco, familiares y víctimas de la represión debieron revivir el horror de esa época al testificar ante al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata.
En esta primera jornada, la esposa e hijos del ex dirigente gremial Rubén Pío Soberano, fueron los primeros en prestar declaración ante los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez.
Con profunda emoción, los familiares de Soberano relataron los pormenores del calvario sufrido por el ex empleado del Correo, mientras eran escuchados con atención por el público que colmó las instalaciones del Salón de la Democracia Argentina de la UNNOBA, lugar en el que se llevó a cabo el proceso.
Lusardi contó que su marido fue llevado de su puesto de trabajo en el Correo el 24 de marzo de 1976 , y alojado en la Comisaría Primera. Allí, según su testimonio, fue recibido por el comisario Edgardo Mastrandrea (uno de los acusados), quien “le pegó una trompada por la que se le cayó una pieza dental”.
En su testimonio, Lusardi explicó que estuvo buscando a su esposo en la Comisaría Primera, en el Cuartel, hasta que le informaron que había sido trasladado a San Nicolás.
Además, señaló que Soberano estuvo detenido ilegalmente cuatro meses, hasta que “lo soltaron”. Según dijo, luego de su detención “estaba muy deteriorado físicamente”.

“Crecimos en un contexto de miedo”

Luego, Pablo Soberano fue el que relató cómo vivió él, con sólo siete años, el secuestro de su padre: “Me acuerdo patente el lugar de detención, es algo que me quedó marcado. Cuando íbamos a visitarlo nos hacían desnudar para revisarnos y después podíamos pasar. Él estaba muy delgado, muy deteriorado en su aspecto”.
En tanto, Pablo explicó que su propia vida tampoco era sencilla ya que “había militares en la puerta de casa, en la esquina”, para luego confirmar que se sentía “perseguido”.
“Crecimos en un contexto de miedo”, afirmó.
Por su parte, su hermana Carolina aseveró que lo vivido en esa época le dejó a ella “secuelas en la salud”, y amplió: “Depresión, llanto, angustia, no poder llevar a mis hijos a la plaza, vivo con miedo y eso es la consecuencia de esos años”.
Para Carolina, su padre “era una persona muy grande, súper honesta, carismática, buen padre y buen marido”, y reconoció que los años posteriores también “fueron muy duros”.
Luego de cada testimonio, la concurrencia de la sala le brindó un caluroso aplauso a los declarantes.

“Dónde están”

El siguiente testigo citado fue Carlos Lablunda, quien fuera detenido antes del golpe de estado: el 18 de marzo de 1976.
Lablunda fue llevado a la Comisaría Primera junto con su padre y el mismo día ingresó a su celda su hermano Pedro, quien aún se encuentra desaparecido. En su declaración, recordó que le fue colocada una capucha, le tomaron huellas digitales y le “hicieron chistes sobre el gallito ciego”.
Posteriormente contó que fue trasladado a la cárcel de San Nicolás, donde vio a Pío Soberano. “Sufrió mucho porque hubo una gran persecución sobre los sindicalistas”, relató.
Al finalizar su testimonio, pidió la palabra al Tribunal y sentenció con voz entrecortada por la emoción, pero contundente en su reclamo: “Quiero que Gómez Pola me diga dónde están Pedro Lablunda y Mabel Fontana”. Ante este reclamo, hubo un cerrado aplauso por parte del auditorio.
El último testigo de la primera jornada fue el actual titular del Inaes, Patricio Griffin, quien recordó que también fue detenido el 18 de marzo de 1976.
Griffin relató que lo ataron con un cinturón, le vendaron los ojos y lo llevaron a la Comisaría Primera: “En un momento me sacaron al patio e hicieron un simulacro de fusilamiento, en donde yo escuchaba que decían ‘sáquenle la capucha así le tiramos’, y cuando efectivamente me la sacaron yo, mientras pensaba en no hacer ninguna concesión, sonreí. Lo cierto es que no me tiraron sino que me sacaron una foto que después le fue mostrada a mi esposa diciéndole ‘usted se queja y mire cómo se ríe él’”.
Más adelante, Griffin contó que a él también lo enviaron a San Nicolás y luego fue trasladado a Sierra Chica.

La causa

En este proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata juzga a los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta, y al ex militar Ángel José Gómez Pola, quien no estuvo presente en la sala ya que por cuestiones de salud debió quedarse en el penal de Ezeiza, aunque participó de la primera parte del proceso a través de videoconferencia.
Los siete acusados se negaron a declarar en este juicio en el que se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas.
El doctor Martín Adrogué, abogado defensor de Gómez Pola, solicitó para su patrocinado el beneficio de la detención domiciliaria alegando que “siempre se ha apegado al proceso” y señalando que los informes médicos advierten sobre “riesgos de descompensación”, por lo que consideró que si el acusado estuviera en su casa “podría concurrir a centros de alta complejidad en caso de que ocurriera una descompensación”. No obstante, el pedido fue rechazado por unanimidad por parte del Tribunal.
Asimismo, los abogados defensores de los restantes acusados, Ariel Hernández y Paula Colombo, pidieron que sus defendidos no tengan la obligación de asistir a las próximas audiencias para “evitar los traslados”, solicitud que será analizada por el Tribunal.
En este proceso se investiga la participación de los acusados en el circuito represivo conocido como Subzona 13, dependiente del área 131, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 (UP13) y el destacamento rural de Morse.
Para la fiscalía, representada por los doctores Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, los hechos de Junín “respondieron a un plan criminal”. En los autos de elevación a juicio, adujeron que en la Comisaría Primera “había una parte legal y otra ilegal: en un sector había celdas compartidas pero se habilitó un lugar específico para torturas en el primer piso”.
En tanto, los fiscales advirtieron que el edificio de la UP13 aún no había sido inaugurado en aquellos años, por lo que “fue afectado para el citado plan y funcionó como centro clandestino de detención”.