Comienza el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Junín

Luego de 37 años, Junín comenzará a saldar su deuda con el pasado. El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad durante la última dictadura cívico militar dará comienzo hoy, en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba (Libertad 555).
Como viene informando este diario, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, comenzarán a juzgar al ex militar Ángel José Gómez Pola y a los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.
En el proceso se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas, entre ellas tres desaparecidos: Hugo Torreta, Ademar Romié y Gilberto Mesa.
Otros 36  juninenses fueron desparecidos durante la última dictadura mientras estudiaban, trabajaban o militaban fuera de nuestra ciudad.
Y está previsto que declaren 153 testigos
El Frente por la Memoria Colectiva de Junín, que en 2012 señalizó el centro de detención clandestino “Comisaría Primera”, hará lo propio hoy en la Unidad Penitenciaria 13. Fue el lugar que albergó a la mayor cantidad de detenidos/desaparecidos en la región.
En tanto, las organizaciones de derechos humanos realizaron anoche una vigilia en el Barrio Evita de nuestra ciudad, con micrófono abierto, teatro, audiovisuales, bandas en vivo y la realización de un mural. Y hoy, desde las 8, realizarán una radio abierta.

Circuito represivo

El circuito represivo en esta subzona tenía su epicentro por la Comisaría Primera de Junín, donde estuvo detenido Hugo Torreta. También la Unidad Penitenciaria 13 -en construcción- del Servicio Penitenciario Provincial y la Unidad Regional VIII de la Policía Bonaerense con asiento en Junín. Otro lugar que funcionó como “chupadero” fue el “Destacamento Morse” o “Puesto de vigilancia Morse”, a 25 kilómetros de la ciudad. En algunos casos los límites del circuito eran laxos, y los secuestrados deambularon por otras comisarías de Vedia, Rojas o Chacabuco, próximas a Junín.
Entre los policías figura el comisario retirado Abel Oscar Bracken, que tuvo a su cargo la comisaría, junto al entonces oficial subinspector Julio Ángel Esterlich y el ex suboficial inspector Francisco Silvio Manzanares, todos de la misma dependencia.
También será juzgado el ex oficial subinspector de Policía Miguel Ángel Almirón, quien estuvo a cargo del Destacamento Morse, y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, que solía “controlar los signos vitales” de los prisioneros en las sesiones de tortura.

El “especialista en seguridad”

El más célebre entre los acusados es el ex oficial inspector Edgardo Mastandrea, que aunque también está siendo juzgado en la causa Saint Amant II, llega a este juicio en libertad. Mastandrea actuó en la Unidad Regional de Junín y formó parte de la patota. Pero a diferencia de otros, que prefirieron cultivar el perfil bajo en los pliegues de las instituciones democráticas, utilizó su pasado en la fuerza para reciclarse como “especialista en seguridad”, en los medios.
Saltó a la tapa de los diarios cuando dirigió un autoacuartelamiento por cuestiones “gremiales” en una comisaría del sur del Conurbano bonaerense. Eduardo Duhalde, que ya gobernaba Buenos Aires, lo exoneró. A partir de entonces construyó una breve carrera pública como paladín contra la corrupción judicial, y logró vincularse a organismos de derechos humanos y partidos políticos de centro-izquierda, como la UCR, el Frepaso, el ARI y la Coalición Cívica.
La defensa gremial de exonerados y parias dentro de la fuerza fue uno de los pilares del trayecto de Mastandrea: en el año 2007 fue titular del Centro de Oficiales Retirados de la Policía de la provincia de Buenos Aires y actualmente es secretario general del autodenominado Movimiento por la Dignificación del Personal Policial (MODIPO). También lideró el grupo de “Los sin Gorra”, un grupo de policías bonaerenses exonerados que en junio de 2004 coparon el Ministerio de Seguridad provincial rechazando las reforma policial que intentaba en ese momento León Arslanián.

La cacería de la Coart

A fines de 1966, los artistas de Junín se juntaron en una Coordinadora de Arte que llamaron Coart. Se asociaron grupos musicales y teatrales, escritores, titiriteros, poetas, fotógrafos, pintores y escultores, que llegaron a representar el 90 por ciento de los artistas locales. Solamente los cines, que estaban administrados por empresarios no adheridos a Coart, quedaban fuera de la gestión de esta coordinadora. En ese momento, en el que asumía el gobierno el radical Arturo Illia, ya la mayoría de los integrantes del Coart se definían como anti-peronistas y eran militantes activos del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Sin embargo, no podían imaginar que aquella membresía les significaría en el futuro el cautiverio y la tortura.
En marzo de 1973, en plena campaña electoral de Héctor Cámpora, Junín era un hervidero: como en muchos lugares, la derecha e izquierda del movimiento se disputaban la conducción de las bases. En julio, después de la Masacre de Ezeiza, unos matones de la Juventud Sindical Peronista (JSP) irrumpieron con armas largas en el teatro “La Ranchería” mientras se presentaba un libro escrito por Rubén Liggera -víctima del juicio- organizado por la Coart, a los gritos, denunciando que era un espectáculo marxista.
En enero de 1977, se produjo una de las caídas en serie más recordadas de la ciudad, que comenzará a juzgarse hoy. La madrugada del 24, un grupo de tareas formado por militares del Comando de Artillería 101, policías y paramilitares –algunos de los ex miembros de la JSP que habían entrado armados a “La Ranchería”– secuestraron a once personas, todos relacionados de manera directa o indirecta con la Coart. Los días siguientes, tres personas más –vinculadas por lazos personales al grupo- fueron secuestradas.
En un comunicado oficial del Comando de la Subzona 13, se informó recién el 1° de febrero que habían detectado “una organización de extrema izquierda relacionada con la banda de delincuentes subversivos autodenominada ERP” que “utilizando los nombres de diversas asociaciones culturales: música, arte, poesía, teatro, etc. encubría su actividad de proselitismo y adoctrinamiento”. En el mismo comunicado, se les adjudicaba atentados contra “la sede de la Sociedad Rural”, “el Club Social de Junín” y la “Liga Agraria Ganadera”. Entre los “combatientes” secuestrados estaban el director del “Teatro de Abril”, Ariel De Siervo; el creador y director del coro polifónico “Vocal J”, Juan José Martín; el escritor y a su vez cantautor del grupo musical “Cáncer”, Rubén Américo Liggera; la representante del grupo de letras “Asterisco”, Imelde Sans de Peris; el pianista Armando Álvarez y su novia, Ana María Rinaldi.
Aunque les habían adjudicado públicamente atentados con bombas, y muchas veces aquello significaba una condena de muerte, los 14 cautivos fueron puestos diez días después a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Tal vez porque entre las tres personas secuestradas después del 24 de enero estaba Benito Gorgonio De Miguel, que en ese momento era el referente provincial del MID y lo habían nombrado hace poco gerente general de Racing Club. El propio Arturo Frondizi hizo gestiones por él en el Primer Cuerpo de Ejército. Antes de ser blanqueados, los detenidos pasaron una semana de tortura en la Unidad Penitenciaria N°13.