La batalla política llega a Tribunales

En la semana en que Elisa Carrió volvió a dejar a todos con la boca abierta, apelando a una astucia propia de alguien que entiende cómo sobrevivir en los primeros planos de la política argentina, lo que realmente constituyó algo sustancioso no fue la abrupta salida de la diputada de la mesa de presidenciables de UNEN, sino la decisión de un grupo de jueces y fiscales de avanzar con las causas que ponen la lupa sobre el poder kirchnerista y el patrimonio de sus principales dirigentes.
Así, nada menos que la Presidenta debió soportar el allanamiento en una empresa que administra sus hoteles en la Patagonia, en una investigación que sigue la pista de presuntas operaciones de lavado de dinero por parte del empresario santacruceño Lázaro Báez.
Conviene reparar en este dato: solamente otro jefe de Estado sufrió un allanamiento judicial en toda la historia argentina: María Estela Martínez de Perón, en la propia quinta de Olivos, por los fondos de la Cruzada Solidaria.
Demás está aclarar que no es usual que la Justicia avance sobre un Presidente de la República, al menos mientras éste se encuentra en funciones. Ya se sabe lo que sucedió con Carlos Menem una vez que dejó el Gobierno en 1999, tras lo cual fue procesado y encarcelado -con prisión domiciliaria- a raíz del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Por cierto que no se discute aquí la validez de las investigaciones judiciales, sino la oportunidad en que las causas se aceleran.
El Gobierno se espantó con las diligencias ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio y reaccionó de manera brutal. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó a la Justicia de promover un “golpismo activo” para desestabilizar a Cristina Kirchner justo cuando está por ingresar en el último año de su segundo mandato.
Pero en el fondo, los operadores K saben que jueces y fiscales desataron una pulseada de poder en un momento en el que olfatean cierta debilidad política.
Es decir, cuando entendieron que al Gobierno no le queda el tiempo suficiente como para terminar de colonizar al Poder Judicial, pese a los cambios que promueve ahora en el Código Procesal Penal, que abren la puerta a la designación de fiscales alineados con la procuradora Graciela Gils Carbó.
La señal que está dando un grupo importante de jueces y fiscales es que llegó la hora de pasar al ataque, luego de muchos años en los que asistieron casi como espectadores al embate oficialista.
Entonces, la batalla judicial se presenta como un cuerpo a cuerpo. El kirchnerismo acaba de asestar un duro golpe a sus opositores al votar a la camarista laboral Graciela Vázquez como presidenta del Consejo de la Magistratura, quien ya salió a aclarar que no es oficialista aunque su primera determinación fue habilitar una sesión extraordinaria de la que surgió el reemplazo del administrador del cuerpo, el funcionario que en rigor maneja la caja de todo el Poder Judicial.
La próxima parada de esta contienda tendrá lugar el próximo jueves, cuando se realizará la votación del nuevo titular de la Asociación de Magistrados para suceder a Luis María Cabral. En una de las cuatro listas que se presentarán a la elección -por cierto que no kirchnerista- se encuentra el fiscal Carlos Rívolo, quien investigó al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Otra señal de que los funcionarios decidieron abandonar su postura ajena a la política dentro de los tribunales.
De hecho, los movimientos del juez Bonadío no son entendidos como apartados de la lógica partidaria peronista, por lo que también el kirchnerismo piensa que “los tiros no vienen sólo de la oposición”. En ese criterio, justamente, se montó irracionalmente Luis D´Elía para llamar a poner la cabeza del magistrado “en una pica”. En su convalecencia, la Presidenta sufre por esta situación -heredada de Néstor Kirchner- y empezaría a comprender que se le achica el margen de maniobra.

Reaparición

Encerrada hace un par de semanas en la residencia de Olivos -y este fin de semana largo en su casa de El Calafate-, Cristina Kirchner ultima los detalles de su reaparición pública, que tendrá lugar el próximo martes en un encuentro empresario que se realizará en el hotel Sheraton de Retiro. Allí, la mandataria podría tratar de recuperar la iniciativa política con algún anuncio económico, en momentos en que los gremios reclaman con firmeza contra el “impuesto al trabajo” (Ganancias).
En este punto, los principales gremios del país levantan la voz al unísono, puesto que con la actual escala del gravamen se licuará el medio aguinaldo de diciembre para muchos de sus afiliados, que además reclaman un bono de fin de año que compense al menos en parte el efecto de la inflación.
La cerrazón del Gobierno a discutir cualquier cambio provocó encuentros impensados entre los popes sindicales, como un frugal almuerzo que compartieron Hugo Moyano y Gerardo Martínez.
Por eso no llama la atención que los dirigentes del movimiento obrero hayan comenzado a explorar la posibilidad de una reunificación de la CGT, desperdigada ahora en las tres centrales que comandan Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo. Y la verdad es que el escenario económico favorece las demandas sindicales: el primer año de Axel Kicillof al frente del Palacio de Hacienda no ha sido pródigo en mejoras para el sector, puesto que se agudizó la destrucción de empleo.
En los últimos meses, el ministro de Economía tuvo su agenda prácticamente tomada por el conflicto de la deuda externa, que tendrá su próximo capítulo el 10 de diciembre cuando el Banco Central deberá enviar representantes a una audiencia convocada por el juez neoyorkino Thomas Griesa, en la que será clave para el país que se eviten posibles embargos de bienes en los Estados Unidos, que fueron pedidos por los “fondos buitre” NML (Paul Singer) y EM (fondo Dart).
El freno de la actividad económica y la elevada inflación constituyen, claramente, la plataforma más convincente que tienen las fuerzas de oposición de cara al 2015 electoral. Por eso no es casual que el partido radical tenga chances ciertas de llegar a las gobernaciones de provincias tradicionalmente gobernadas por el peronismo, como La Rioja, Jujuy o la propia Santa Cruz. Basada en esa potencialidad, la UCR se encamina a aprovechar el portazo que le dio Carrió a la alianza UNEN.
De tal modo que el próximo miércoles sumará a la cobista Laura Montero a la conducción de ese entramado político-electoral cuya otra pata fuerte son los socialistas encolumnados con Hermes Binner.
El PS ya aceptó la movida de la UCR y la senadora mendocina se sumará a los representantes radicales Juan Manuel Casella y Ricardo Gil Lavedra, con quienes reunirá una mayoría que pesará a la hora de tomar las grandes decisiones sobre el rumbo de la coalición.
A su vez Carrió enfiló hacia el campamento del PRO, donde ya le dieron la bienvenida al admitir la posibilidad de que compita contra Mauricio Macri en las PASO de agosto próximo por la candidatura presidencial del espacio.
Aunque de acuerdo con las encuestas, esa contienda no sería nada pareja y terminaría legitimando ampliamente al alcalde porteño. Así las cosas, los devaneos de “Lilita”, la UCR y el macrismo recién comienzan y proyectan largos meses de novela continuada.