El proyecto de reforma del Código Procesal Penal tiene 349 artículos, en los que se contemplan, entre otras cosas, el sistema acusatorio que delega en el fiscal toda la investigación y la oralización de los procesos. También establece que la investigación debe llevarse a cabo en un plazo máximo de un año y que el juicio oral deberá realizarse entre 5 y 30 días de terminada la instrucción, pero la totalidad del proceso no puede durar más de tres años: si los fiscales o los jueces no cumplen con estos plazos tendrán sanciones graves, además de ser apartados de la causa. La iniciativa establece, además, que las víctimas van a poder participar en el proceso junto al fiscal y al juez, exigiendo y reduciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando el juez y el fiscal no lo hagan. Señala también que aquellos extranjeros que tengan una situación irregular en su presencia en el país y sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito serán expulsados y no podrán reingresar por 15 años, mientras que la prisión preventiva será considerada en base a la naturaleza y circunstancia del hecho, la conmoción social que haya generado, y la reincidencia del autor.
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